Entre enero y abril 2016 estos cinco jueces serán sujeto de noticias. Ellos deberán definir el futuro de poderosos políticos y empresarios que ahora guardan prisión bajo cargos de corrupción. Este es el listado de los juzgadores a quienes han llegado los procesos que levantaron la CICIG y el MP en su cruzada contra la corrupción.
Los cinco son juzgadores de Primera Intancia Penal. Están no solo a cargo de controlar las investigaciones cruciales, sino en cuestión de meses deberán definir si los casos más emblemáticos de 2015 son llevados a debate y juicio público.
El juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es famoso al extremo de que cuando sale a la calle desconocidos no solo le saludan y le abrazan, sino que en una ocasión, según contó en una entrevista con este semanario, llegaron a pagar su cuenta de consumo en un restaurante.
Gálvez Aguilar, designado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), resultó contralor del caso más famoso de 2015: La Línea, la investigación que llevó a prisión a los más poderosos del país, el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
La Línea, no obstante, es apenas un punto en el rosario de juicios que se dilucidan en los juzgados en la lucha contra la corrupción que emprendieron la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).
Al juez Gálvez Aguilar lo acompañan al menos cuatro colegas más que en los próximos meses tomarán las decisiones más cruciales de estos procesos: resolver, por ejemplo, si Gustavo Alejos, el poderoso financista de la política –ahora preso bajo cargos de corrupción– debe enfrentar juicio. O someter los antiguos mandatarios a un debate público y oral.
Estos son los nombres y rostros de los jueces que en harán no solo noticia, sino historia en los próximos cuatro meses.
José Eduardo Cojulún Sánchez - Juez Undécimo de Primera Instancia Penal
No es la primera que Cojulún Sánchez se encuentra en casos cruciales. Antiguo juez de sentencia, el Juez Undécimo firmó al menos una docena de penas de muerte contra condenados por secuestro y asesinato (entre estos el famoso caso de la estudiante universitaria Beverly Sandoval Richardson). También fue el juez presidente que integró el tribunal que debió conocer el juicio por el crimen de Monseñor Juan Gerardi, en el cual condenó a prisión a los oficiales Byron Lima Estrada y Bryon Lima Oliva y al sargento Obdulio Villanueva Arévalo.
Ahora es el juez que lleva al menos tres casos cruciales. Ya envió a prisión a un expresidente del Congreso de la República (Pedro Muadi) acusado de formar un sistema para crear plazas fantasma. Y de la misma manera debió llevar a la cárcel a dos colegas suyos: las juezas Jisela Reinoso Trujillo y Marta Sierra de Stalling (acusadas en diferentes casos de recibir sobornos a cambio de favorecer a través de sus resoluciones).
Miguel Ángel Gálvez - Juez Mayor Riesgo B
Ya su rostro es conocido por ciudadanos comunes. El Caso La Línea reveló al discreto juzgador que respeta siempre los horarios de las comidas y que gusta explicar en detalle cada una de sus resoluciones. En el estrado de su juzgado no solo se sentarán los exmandatarios Roxana Baldetti y Otto Pérez, también el excandidato a la Vicepresidencia Édgar Barquín, a quien se le juzga junto a otro grupo de acusados señalados de formar una red financiera para financiar partidos político y lavar dinero. A su juzgado se suma otro caso emblemático: la causa contra Haroldo Mendoza Matta, acusado de formar un estructura criminal en Izabal y Petén a la cual se acusa de múltiples delitos incluso de asesinatos. La Cicig calificó al grupo organizado de Mendoza Matta como uno de "alto poder homicida".
Silvia Coralia Morales Ascencio - Jueza Noveno de Primera Instancia Penal
A su mesa llegó un caso de corrupción que nació desde la Subdirección de Apoyo Logístico en la Policía Nacional Civil (PNC). Una investigación de este semanario reveló la forma cómo desde esas unidad se fingían servicios y contratos ficticios cuya suma estimada –en un plano conservador– puede alcanzar los Q10 millones. La Cicig y el MP abrieron una causa por la cual se encuentra detenido ya el antiguo Subdirector de PNC, Héctor Rodríguez Heredia. Aunque la causa que se sigue para dilucidar responsabilidades en la venta y lotificación en los terrenos El Cambray II, no es seguida por Cicig, la jueza Morales Ascencio deberá conocer los detalles que generaron la construcción de condominos en una zona de alto riesgo. Un total de 280 personas murieron a raíz de un deslizamiento de tierra la noche del 1 de Octubre en dicho lugar.
Silvia De León - Jueza Sexto de Primera Instancia Penal
Sus argumentos resonaron en los medios de comunicación los últimos días de diciembre de 2015, cuando Gustavo Alejos, el poderoso empresario y financista de partidos políticos, se presentó ante el juzgado de la jueza Silvia De León después de permanecer dos meses prófugo. La jueza es la contralora de varias causas que la Fiscalía 
Especial Contra la Impunidad (FECI) lleva a raíz de develar actos corruptos en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Así es como desde su mesa deberá decidir el destino de varios antiguos polítios y hombres de negocios que ahora enfrentan a la justicia: además de Alejos, deberá resolver si lleva a juicio a Juan de Dios Rodríguez (antiguo Presidente de la Junta Directiva del Seguro Social) a Julio Suárez y Max Quirín (presidente del Banco de Guatemala, el primero, y empresario cafetalero el segundo, ambos integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social). A la lista se añade el diputado Baudilio Hichos, un poderoso político chiquimulteco, también acusado de beneficiarse de su posición como congresista para gestar contratos que le beneficiaron. El destino de todos ellos habrá de definir la jueza De León.
Judith Secaida - Jueza Quinto de Primera Instancia Penal
Es menos mediática que el resto de sus colegas, pero también a su juzgado llegó una brasa caliente. Ella debió llevar la causa contra las dos jóvenes que lanzaron harina contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2014. Y ahora ella es la encargada de controlar las investigaciones y definir si deben ir a juicio los acusados en el llamado caso "Redes y Política". Bajo ese
título, la Cicig bautizó el proceso por el cual se juzga al exsecretario Privado de la Presidencia, Gustavo Martínez, yerno del expresidente Otto Pérez. Y junto a él también deberá definir el futuro del empresario César Medina, Carlos Múñoz y Filadelfo Reyes Cáceres (ex Superintendente de Administración Tributaria y antiguo Intendente de Aduanas, respectivamente). Todos ellos acusados de usar sus posiciones para favorecer a empresas particulares en la gestión de negocios o problemas tributarios.