Perla Barrera sobrevivió a ser atropellada seis veces por su pareja. Ahora debe enfrentar al sistema de justicia e impunidad. Video aquí:
En Chiquimula, el caso de femicidio en grado de tentativa de Perla Johana Barrera Guerra se ha entrampado en el tiempo. Allí los días pasan lento y la justicia se escurre entre trámites y ausencias.
A Perla, aparentemente, la atropelló Erick Ricardo Medrano Tobar la madrugada del 10 de octubre a la salida del hotel Primavera de Oriente en la carretera que va de Chiquimula a Ipala. La pareja estaba en una de las habitaciones con una amiga en común cuando comenzó una discusión que subió de tono. Todos estaban ebrios. El pleito terminó en golpes y, finalmente, en el atropello con el auto de placas P-232FXZ afuera del parqueo del hotel.
Foto: Luis Soto/ContraPoder
Se trata de un caso que contó ContraPoder en su edición 128 del 6 de noviembre pasado. Descargue aquí la edición impresa.
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Desde entonces la investigación no avanza. La oficina del Ministerio Público (MP) local y el Organismo Judicial (OJ) se enfrascan en una nube gris que densifica la rapidez. El proceso se vuelve lento. Se acusan entre sí; el MP dice que el OJ no da seguimiento a sus solicitudes de audiencias y el OJ dice que no hay tales. Palabras de unos contra las de otros mientras el tiempo se escurre.
Mientras tanto, Perla Barrera sigue en el Hospital General San Juan de Dios, a la espera de las cirugías que le reconstruirán la pelvis, deshecha tras el ataque de Medrano. Su audiencia de anticipo de prueba, cuando declare su visión de los hechos, se llevará a cabo el 19 de noviembre.
En el limbo
Integrantes de la fiscalía distrital del MP en Chiquimula, encargados del caso de Perla Barrera, se quejan de no poder avanzar en la investigación por las trabas del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Más de tres semanas después de solicitar diligencias podrán continuar con el proceso durante la audiencia del jueves 19 de noviembre.
“No hemos obtenido respuesta, nuestras solicitudes no han sido atendidas durante tres semanas”, dice uno de ellos que pide resguardar su identidad por temor a represalias de los casos que atiende.
El juez que conoce el caso está de vacaciones al igual que la secretaria del juzgado primero de primera instancia penal. Pero, no hay ninguna solicitud de la fiscalía por resolver.
Foto: Luis Soto/ContraPoder
“Cada petición que la fiscalía haya hecho este juzgado la conoce, siempre y cuando la realice. Aquí no hay peticiones pendientes”, explica uno de los administrativos que también pide anonimato.
El hecho de que un juzgado se encuentre de vacaciones no quiere decir que los casos a su cargo se quedan varados. Son atribuidos al juzgado de turno siguiente.
Según la disposición POJ-40/2015 del Organismo Judicial, en Chiquimula “el Juzgado Primero de Sentencia Penal gozará de vacaciones el personal en el mes de noviembre. Al efecto, cubrirá el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal”, el cual a su vez “gozará de vacaciones el personal en el mes de diciembre” y será cubierto por “el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal”.
Sin embargo, no hubo secretario ni juez –más allá del administrativo– que quisiera atender a ContraPoder el lunes 16 de noviembre, para conocer los pormenores del caso.
Foto: Luis Soto/ContraPoder
El período vacacional, el miedo y los poderes fácticos evitan que se haga justicia.
La Fundación Sobrevivientes, dirigida por Norma Cruz, ha solicitado antejuicios contra jueces en Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula, señalados de otorgar penas menores o de beneficiar con medidas sustitutivas a los agresores de mujeres. Puntualmente, contra los integrantes del Tribunal Segundo de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chiquimula, por abuso de autoridad. La fundación también ha señalado a una fiscalía “muchas veces” inoperante.
“En el interior de la república, en el MP se dejan atemorizar. Cuando alguien ostenta poder económico o político, se limitan mucho en la investigación por el temor a las represalias de que puedan ser objeto”, explica Cruz.
Por otro lado, la directora de Sobrevivientes estima que “en el OJ, durante años de litigio en Chiquimula, lo que hemos podido ver es una cooptación de jueces. Ya sea por tráfico de influencia o por sobornos para sentencias favorables de los agresores”. Cruz se queja de tener cinco audiencias pospuestas por la temporada. Exige que no deberían programarse audiencias estos días “si ya saben que no quieren trabajar”. El resultado termina en postergaciones y el tiempo sigue su curso.
Foto: Luis Soto/ContraPoder
“Es muy difícil que en una dinámica de esas la justicia pueda avanzar y que las víctimas puedan obtener una respuesta positiva del sistema”, dice.
Pese a todo, Norma Cruz asegura que Guatemala ha roto un legado de temor. Este año (enero a septiembre) el MP ha recibido 62 mil 737 denuncias por delitos contemplados en la Ley contra femicidio y otras formas de violencia contra la mujer (decreto 22-2008). Y el OJ ingresó 7 mil 766 expedientes de personas acusadas por delitos de violencia contra la mujer.
Pese a que, como explicó un investigador del MP en Chiquimula, Erick Medrano tiene embargadas sus cuentas, su empresa –la Ferretería Medrano– continúa abierta, él continúa prófugo y no existen pistas sobre su paradero.
Que continúe el caso, según el MP, depende de terceros. La responsabilidad de continuarlo y llegar a una sentencia, está en el aire.
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