Cepo a la corriente militar más temible dentro del futuro gobierno de Jimmy Morales cuando este procura organizar su gabinete.
Cierto. Antes de poder solicitar órdenes de captura contra 18 militares retirados y el proceso de antejuicio contra otro más que resultó electo diputado, fue necesaria una larga investigación. Preparar un caso de este tipo toma años, no meses ni mucho menos semanas. Arrancó cuando nadie recordaba el nombre de Jimmy Morales y mucho menos el de FCN.
Más de 5 años ha tomado ese proceso, desde que algunos integrantes de las escuadras militares que actuaron contra población civil en Plan de Sánchez, enteraron a las autoridades judiciales por primera vez de los hechos, y dos años y medio desde la constatación que algunos de los cuerpos enterrados en una fosa clandestina en la antigua zona militar de Cobán correspondía con los de los desaparecidos.
Este no es un proceso que surgió de la noche a la mañana para ser aprovechado políticamente. De ninguna manera.
Tampoco las órdenes de captura pudieron coordinarse en cuestión de una semana.
Hace falta identificar a la cadena de mando, establecer qué oficial cumplía cuál función en dónde. Localizar la vivienda actual y averiguar los hábitos de cada uno para hacer coincidir la llegada de los agentes captores con la presencia de los señalados.
No es un operativo que pueda ejecutarse a partir de un arrebato.
Pero sólo con mucha candidez puede considerarse casual que la detención de César Augusto (Nito) Cabrera, Manuel Callejas y Callejas y la solicitud de antejuicio contra Edgar Ovalle se hayan producido ocho días antes de la toma de posesión de un gobierno sobre el cual la corriente de antiguos oficiales de la guerra a la cual pertenecen habría de cobrar ascendiente.
El análisis de los enterados sostiene que dos grupos de oficiales se disputan –se disputaban- influencia sobre el gobierno de Jimmy Morales.
La corriente de Callejas y Francisco Ortega Menaldo, presuntamente representada por Nito Cabrera y por Edgar Ovalle llevaba hasta el 6 de enero las de ganar.
La otra corriente es la de Ricardo Bustamante, antiguo secretario de Análisis Estratégico del gobierno de Pérez Molina, algunos de cuyos cuadros civiles aún permanecen en el Ejecutivo y coquetean con la próxima administración para quedarse dentro.
Las recomendaciones contra la inclusión de estos cuadros militares en el futuro gobierno y el riesgo de que tomaran control sobre áreas estratégicas del Estado (Inteligencia Civil, puertos y aeropuertos, etcétera), no parecen haber sido valoradas. Pero, ¿quién con una luz se pierde? Jimmy Morales.
Hace días se supo dentro del propio equipo del gobierno entrante que se había dictado un veto contra otro oficial retirado, Armando Melgar, identificado con la misma corriente de “La Cofradía”, de parte del Gran Poder, o La Embajada.
Todo indica que Morales no entendió los mensajes sutiles y los no tan sutiles que le fueron enviados sobre sus amistades peligrosas. Tampoco parece haber captado que el rechazo a sus propuestas de nombramiento no suponían una tacha contra la persona sino más bien contra la corriente a la cual ésta representaba.
Quizá por eso se hizo imprescindible actuar en las vísperas del anuncio de su gabinete.
Que un proceso judicial iniciado años atrás incluyera a integrantes de esa corriente fue como ganar la lotería cuando las deudas aprietan.
La misma Fiscal General, la confiable Thelma Aldana, abanderó la batalla. Dictó la conferencia de prensa. Ofreció entrevistas televisadas esa misma noche.
Nadie puede acusarla a ella de simpatía alguna con el bando de la antigua guerrilla.
Los casos contra los oficiales inculpados son sólidos, dijo. Delitos de lesa humanidad cuyas víctimas son niños, adolescentes, mujeres. Las pruebas científicas resultan incontestables.
Y el presidente Morales empieza a entender que es más difícil gobernar que ganar unas elecciones.