Foto: Mónica Ávila/Diario Digital
No se explica cómo, después de haber contratado una empresa reclutadora de personal, de tener el apoyo del Movimiento Cívico Nacional, y de sostener entrevistas personales con el propio hermano del Presidente, Sammy Morales, se nombró a Sherry Lucrecia Ordóñez como Ministra de Comunicaciones.
En la investigación de la veracidad del currículo de cada ministro, ¿no se chequeó si su nombre aparecía en Guatecompras como contratista del estado? ¿No se tomaron la molestia los que la seleccionaron de preguntarle a la SAT si estaba al día en su pagos? ¿No hubo quién, dentro de la empresa reclutadora o en el equipo de Sammy Morales, fuese a investigar si Ordóñez tenía juicios de cuentas?
Este es un error imperdonable, y más por la actitud indolente que ha asumido el propio Presidente Morales, de zafar bulto y decir que es problema de ella y no de él, y que es ella quien debe dilucidar su situación.
No, señores. Así no son las cosas. Las responsabilidad es también de quien la nombra, porque muestra la ligereza con la que selecciona a sus ministros. O pensando mal, cabría preguntarse –dada la premura con que fue ubicada para suplir a Enrique Godoy-Granados, quien originalmente iba a esa cartera– si no es un nombramiento empujado por alguien que desea cobrar deudas de campaña…
En todo caso el Presidente, su hermano, la empresa reclutadora y quienes se han involucrado en el proceso de selección de los ministros han quedado muy mal ante la población guatemalteca.
Lo que corresponde, tal como se ha visto en el caso de los diputados contratistas quienes se impidió tomar posesión, es que el Presidente cancele el nombramiento o que la ministra ofrezca su renuncia. Si el Presidente la mantiene en el cargo a pesar de pertenecer a empresas que reciben obra del Micivi, a pesar de su incompetencia para supervisar ejecución de proyectos, y –encima– a pesar de evadir el pago de impuestos, será un primer grito, recio y elocuente, que contradirá su lema “Ni corrupto, ni ladrón”.