Un artículo de la periodista Claudia Palacios, publicado en el Diario La Hora el viernes 22 de enero del 2016, informa que el expresidente accidental Alejandro Maldonado Aguirre acaba de recibir la cantidad de Q396,286.15 por concepto de indemnización universal por parte de la CC, por su desempeño en dicha Corte, según el Artículo 28, inciso l, del Acuerdo Gubernativo CM 15-69 o Ley de Servicio Civil[i].
Con esa cantidad de dinero público, el Ministerio de Salud (MSPAS) podría atender a 3 mil 300 personas en emergencia por enfermedades transmisibles. Podría diagnosticar y tratar la desnutrición aguda moderada de 822 niños y niñas menores de 5 años, o podría diagnosticar y tratar la desnutrición aguda severa de 1,311 niños y niñas menores de 5 años.
¿Cómo llegó a obtener Maldonado más de un tercio de millón de quetzales de un día para otro? Sencillo, es una transferencia otorgada por parte de la CC en concepto de indemnización, por haberse desempeñado como Magistrado de dicha Corte desde 1996 hasta 2001, y de 2006 a 2015. Además de recibir dicha indemnización, sin siquiera ser despedido –mucho menos por causa injustificada, que es el fundamento de una “indemnización”– el hoy expresidente recibirá además una pensión vitalicia, automáticamente un puesto en el Parlacen, seguridad pública de por vida y otros privilegios.
Que es legal, dicen algunos puristas. De acuerdo. Sin embargo, que sea legal no implica, bajo las circunstancias que lo recibe, que sea legítimo; mucho menos que sea ético o moralmente aceptable, sobre todo porque Maldonado Aguirre fue designado por el Congreso, nunca fue electo por la ciudadanía.
Además de ser indignante, existen motivos ulteriores por los cuales me pronuncio desde esta tribuna para exigir al el expresidente a que, por dignidad, por respeto a la ciudadanía y por consistencia con los valores neoliberales y conservadores con los que fundamentó sus decisiones de economía política en los 4 meses que gobernó, devuelva ese monto al erario público.
Recibir casi medio millón de quetzales como indemnización universal es contradictorio al argumento ideológico utilizado para decretar salarios por productividad, y compromete su integridad. Según el fundamento ideológico que motivó a firmar el decreto (incentivar la inversión privada para reducir costos de mano de obra), y el marco filosófico que rige la escuela de pensamiento que lo soporta, el hecho de recibir un pago ajeno a su productividad convierte a Maldonado, en su calidad de funcionario público y burócrata, en un parásito para el país.
La indemnización universal es uno de los beneficios laborales que, bajo la ideología de la ultraderecha guatemalteca, constituye una afrenta a la productividad, la libre competencia y la eficiencia económica. Ese mismo argumento es el que sostiene el acuerdo gubernativo a favor de los trabajadores de maquila, por lo que aceptar la indemnización de Q396 mil de la CC es inconsistente con su filosofía.
Por otro lado, el dinero proviene de los fondos públicos, es decir, de la bolsa de los contribuyentes. Quienes pagamos impuestos no lo hacemos para pagar indemnizaciones, cuando existen condiciones en el país a atender urgentemente, porque comprometen la vida y la integridad de gran parte de la población. Uno de cada dos niños padece desnutrición (8 de cada 10 son indígenas), el promedio de escolaridad ronda en cinco años de primaria y actualmente mueren niños por hambre en el país. Bajo esas circunstancias, aceptar la indemnización de los Q396 mil pagados con los impuestos del pueblo es, por lo tanto, inmoral.
El hecho de haber llegado a la presidencia por accidente, de no ser electo por la mayoría de la ciudadanía y solo como respuesta al vacío que se dio debido a las circunstancias de ingobernabilidad en Guatemala, hace cuestionable su indemnización. Su salida de la CC fue voluntaria y libre, por lo que aceptar la indemnización de los Q396 mil de la CC es socialmente ilegítimo.
No acostumbro utilizar esta tribuna como un llamado a acciones políticas, pero ante esta situación –que solo puede llamarse un abuso y burla a la población guatemalteca–, frente a una crisis en el sistema de salud, por la cual se llegó al colmo de apelar a la caridad para poder pagar las medicinas de los hospitales públicos, exijo al ex presidente, en mi calidad de ciudadano guatemalteco, que devuelva los 396,286.15 quetzales, solicito a la CC que ese dinero sea direccionado al sistema de salud pública, y apelo a la ciudadanía consciente, despierta y sensata para que actúe ante esta afrenta a la dignidad de la ciudadanía, pronunciándose en sus círculos de influencia y ejerciendo el poder que la democracia nos otorga a todos por igual.
[i] l) Derecho a recibir indemnización de tipo universal, equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio, por cualesquiera causa o causas de conclusión de su periodo o relación laboral con la Corte, y que no excederá de diez meses, calculando el salario por el promedio devengado durante los últimos seis meses.