El Presidente Morales y el Consejo Superior Universitario tienen la oportunidad para blindar a la Corte de Constitucionalidad contra la corrupción.
Cuenta una leyenda urbana que la Corte de Constitucionalidad (CC) fue creada, tal como la conocemos ahora, cuando uno de los diputados constituyentes del establishment pensó en que debía ser la garantía última del orden establecido.
En efecto, tal como ha sido hasta ahora el proceso de selección de los magistrados, lo que se ve es una prolongación del statu quo en sus diversas variantes. En el Consejo Superior Universitario nunca será electo alguien que cuestione el despilfarro, la corrupción y la ilegalidad que se da en la Universidad de San Carlos (USAC). Ese órgano, de hecho, se encuentra dividido entre simpatías y deudas hacia Boanerge Mejía y Estuardo Gálvez, ambos de trayectorias criticables. No se ve intención de romper con el pasado.
Los magistrados designados por el Organismo Judicial (OJ) reproducirán el balance de fuerzas predominante en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En el Congreso de la República –lo vimos con la elección ilegal de Manuel Reginaldo Duarte en las postrimerías del régimen de Otto Pérez Molina– se querrá mantener los intereses de los congresistas aliados al Ejecutivo. En el Colegio de Abogados, como se ha visto hasta ahora con el vergonzoso papel que juegan sus delegados en las Comisiones de Postulación, se prolongará la fuerza de los grupos que trafican con la justicia. Y en el Ejecutivo, no vemos señales de cambio: querrá situar a alguno de los amigos del presidente o de los grupos que lo financiaron para defender sus intereses.
Pero en esta insólita coyuntura, el Congreso ha decidido romper con las perversiones del pasado reciente y convocó públicamente a profesionales que quieran optar al cargo, quienes serán evaluados por una comisión integrada nada menos que por los diputados Nineth Montenegro –una garantía de transparencia–, de Encuentro por Guatemala; Sandra Morán, de Convergencia, y Raúl Romero, de FUERZA. Ellos serán los encargados de elaborar la lista de la cual serán electos los magistrados titular y suplente, que designa el Congreso.
La CSJ también ha hecho, por vez primera, una convocatoria pública. De esa manera, abre el proceso para que todos aquellos que han sido jueces o magistrados puedan participar.
Una saludable decisión para oxigenar a esta CC y prevenir que continúe con su lamentable trayectoria –recordemos el fallo que anuló la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt, el lamentable papel que jugó durante el proceso de postulación y selección de magistrados de la Corte Suprema y de Salas de Apelaciones, el triste intento de proteger la caída del expresidente Otto Pérez Molina y el absurdo fallo que declara inconstitucional limitar o prohibir la reelección– sería que el Ejecutivo y la USAC convocaran públicamente a aquellos profesionales que deseen postularse. Y que, a imagen y semejanza del Congreso, integraran una comisión calificadora de expedientes que, a ojos de la ciudadanía, evaluara a los candidatos y eligiera a los de mejor trayectoria.
Con estas cuatro instituciones del Estado de Guatemala que abran la elección, evalúen de manera transparente a los postulantes y elijan a los mejores, el país ganará mucho con una CC que no solo será legal, sino también legítima a los ojos de la ciudadanía. Y cuyos fallos no serán sospechosos, como ha ocurrido con frecuencia con el actual tribunal constitucional, de pagos de favores.
En las manos del presidente Jimmy Morales y del Consejo Superior Universitario de la USAC está, pues, apuntalar este cambio que iniciaron ya el Congreso y la CSJ para que la próxima CC no vuelva a ser ese nido de inmovilismo, corrupción, conflicto de intereses y tráfico de influencias que ha sido hasta ahora.