El conflicto de Jimmy: ¿cómo mantener su credibilidad cuando su partido vuelve a las viejas prácticas?
El costo más alto de reclutar tránsfugas en el Congreso lo paga el presidente Morales. Su credibilidad se esfuma. De no romper con su bancada, se queda sin la posibilidad a futuro de cuestionar al Congreso. Su partido juega a las mismas viejas prácticas tan rechazadas.
Y al cabo del tiempo, los beneficios de la decisión de atraer diputados de otros grupos difícilmente habrán valido la pena. Incluso si las bancadas lideradas por Alfonso Portillo y Alejandro Sinibaldi lo acuerpan y le dan mayoría, pierde más de lo que gana.
A los ojos de muchos, Morales incumplió lo prometido: incentivó el transfuguismo. Y si se declara víctima de la actuación inconsulta de sus diputados su liderazgo quedará en predicamento.
Para atraer a diputados de otras bancadas, los oficialistas tienen que ofrecer algo a sus nuevos reclutas. El Congreso se encuentra en manos de los opositores y a partir de la difusión de los listados de empleados 011, 022 y 029, existe mayor vigilancia y apercibimiento sobre estas posiciones. Así, es difícil que Javier Hernández, Adín Maldonado o Édgar Ovalle, los líderes en el Legislativo de la bancada oficial, puedan ofrecer esos frutos como moneda de pago a sus recientes fichajes.
Lo más probable entonces es que ofrezcan dinero público, mediante la asignación de obras en el presupuesto nacional (la práctica más socorrida en cada Legislatura). O bien, que recurran al reparto del botín electoral traducido en el control de plazas en cada distrito. O que ofrezcan participación en negocios como la venta de la banda AWS para transmitir en 4G.
Todas esas opciones serían contraproducentes para el gobierno. La constatación de hechos corruptos entre sus funcionarios aceleraría el desgaste del gobernante.
Peor aún, si el Ejecutivo admite el reparto de las gobernaciones, las direcciones departamentales de salud, educación y extensión agraria a los allegados de sus diputados nuevos, estará decretando de antemano el fracaso de uno de sus proyectos más valorados.
La administración pública se ha mostrado ineficaz y chambona para poner en práctica programas como Hambre Cero porque nombra para esas posiciones fundamentales a cuadros allegados a los políticos locales, no comprometidos con los objetivos del programa en cuestión e incapaces en términos técnicos de sacarlo adelante.
Ahí está un riesgo crucial. El gobernante se ha impuesto una meta casi imposible: reducir en 10 por ciento la desnutrición crónica. Menos podrá hacerlo con advenedizos en los cargos.
En tales términos, el éxito de su gestión es improbable; sobre todo cuando Morales no parece tener el control del Ejecutivo, ni sus compañeros de partido se identifican con la causa anticorrupción.
Los diputados oficialistas Hernández y Maldonado han dejado entrever su interés por vincularse a grandes negocios del Estado. Sea mediante el control del Ministerio de Comunicaciones (como en el caso de Hernández, quien preveía ser nombrado ministro) o mediante la participación directa en la compraventa del activo público más apetecido del momento (la banda de frecuencia útil para transmitir Internet en 4G). Su interés de participar en la vida pública no es estrictamente político, salta a la vista.
Tampoco es un buen augurio que el señor Hernández haya buscado con denuedo la presidencia de la Comisión Legislativa de Finanzas, que hizo tan rico y poderoso a Manuel Baldizón tiempo atrás.
A estas alturas, a escaso un mes de llegar al poder, todo apunta a que Jimmy Morales ha facilitado la continuación de más de lo mismo en la vida pública nacional.