El Congreso de la República puso el ejemplo: hay que informar a la ciudadanía cuántos empleados tiene y cuánto ganan. Era el paso ineludible después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) secuestraron sus registros de personal para investigar quiénes de los que cobraban en el Organismo Legislativo realmente trabajaban para éste.
Ahora corresponde limpiar el Ejecutivo. Esa es la demanda ciudadana que ha empezado a gestarse en las redes sociales: eliminar no solo las plazas superfluas, sino entrarle con ñeque a las plazas fantasmas.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucedió en el Legislativo, donde es relativamente más fácil determinar el número de empleados, la existencia física de personas de carne y hueso y su asistencia a laborar, en el Ejecutivo esto es poco menos que difícil.
La Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- lleva un archivo parcial donde solamente están los servidores públicos con plaza fija y prestaciones. Este archivo es diferente del que lleva, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa, un coto cerrado para acceder a información, pero abierto para succionar recursos del Presupuesto Nacional. El hecho es que no sabemos a ciencia cierta cuántos empleados reales hay en el Ejecutivo. No tenemos un registro unificado de contratos y las cifras de servidores públicos son aproximadas. Y así como son aproximadas, no tenemos certeza, por ejemplo, de que la totalidad de maestros que aparecen en la planilla en el Ministerio de Educación realmente asistan cotidianamente a impartir clases a las escuelas e institutos donde están asignados.
Para enmendar esta carencia, el Banco Mundial – BM- inició los acercamientos para realizar el primer censo de empleados en el actual período constitucional. De acuerdo a lo que me indica Fernando Paredes, oficial del BM en Guatemala, parece existir en el gobierno actual la voluntad de realizar ese padrón y se entiende la utilidad de este no solo como herramienta para conocer con qué recurso humano se cuenta, sino también para hacer transparente el gasto de funcionamiento.
La experiencia del Legislativo nos muestra que las plazas fantasmas se convirtieron en una fuente de corrupción de diputados, que ponían a otras personas a firmar, cuando en realidad eran los legisladores quienes recibían ese salario. Lo cual es probable que suceda también en el Ejecutivo.
Ya en el pasado, durante el período de Óscar Berger (2004-08) se supo de la gran incomodidad que hubo entre algunos comandantes militares cuando se eliminaron plazas de soldados, los cuales en realidad no existían, porque era una manera de cómo los jefes de bases redondeaban su salario. En esta oportunidad, las fuentes consultadas del Banco Mundial me indican que el actual ministro de la Defensa expresó su voluntad de que su cartera y sus empleados también sean censados.
El BM espera que el censo de servidores públicos se realice este año, lo cual, si se logra, será un paso adelante para saber el tamaño del gobierno central y para que la ciudadanía sepa con qué personal cuenta y qué calificaciones tienen para ganar el salario que devengan.
Como ven, no todo está mal en Guatemala.