Una oportunidad perdida

Los sucesos de las últimas semanas muestran un claro retroceso de los logros de la “revolución ciudadana”. 

Hace un par de años tuve la oportunidad de leer un libro del politólogo Robert Bates, titulado Markets and States in Tropical Africa, el cual era un estudio sobre las política agrícola de varios países africanos. En dicho estudio, Bates planteaba una paradoja: ¿por qué una política agrícola que genera tan pobres resultados se mantiene a lo largo del tiempo?

Bates mostraba que la formulación de la política agrícola en África tendía a responder a variables políticas, no económicas. Los actores con influencia política resultaban beneficiados por las intervenciones del Estado en la economía. Por ende, a pesar de las terribles consecuencias de esa política para la mayoría de agricultores, el sistema se mantenía inamovible, en equilibrio.

Desde ese entonces, el concepto del equilibrio de los sistemas políticos ha influido mucho en mi análisis de la política guatemalteca. En este país, el sistema electoral ha generado beneficios a unos cuantos actores que, a través del clientelismo y el padrinazgo, han logrado consolidarse y alimentar ese círculo vicioso llamado corrupción.

Un sistema en equilibrio genera incentivos para su permanencia, por lo que el cambio es un fenómeno poco frecuente. Algunas veces se dan transformaciones como producto de factores internos del sistema, pero la mayoría de las veces, los cambios ocurren a través de “choques exógenos”, de actores o fenómenos externos al sistema político. El cambio es tan raro en la política que los líderes que logran producirlo son recordados con gloria. Por ejemplo, Abraham Lincoln y el fin de la esclavitud, Ronald Reagan y la caída del Muro de Berlín, o Nelson Mandela y el fin del apartheid.

Desde mi perspectiva, lo sucedido en Guatemala a partir de abril del 2015, ha sido un ejemplo de un choque exógeno a un sistema político que solía estar en equilibrio. En este caso, el golpe dado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) a estructuras de poder, y el efecto de las protestas ciudadanas desestabilizaron un sistema basado en la corrupción y abieron la oportunidad para la formación de un nuevo orden político.

Ese choque exógeno generó la esperanza de un renacer de la política guatemalteca. Se eligió a un presidente que no pertenecía a la clase política tradicional y el votante cruzó su voto para formar un Congreso dividido. Los primeros pasos de ese nuevo Congreso parecían positivos, con una reforma a la Ley Orgánica del Legislativo, que buscaba limitar prácticas del pasado.

Sin embargo, los sucesos de las últimas semanas, con el crecimiento de la bancada oficial gracias al transfuguismo, muestran un claro retroceso de los logros de la “revolución ciudadana”. Tanto el presidente Jimmy Morales como su bancada en el Congreso, no entendieron la excepcional oportunidad que tenían para iniciar una nueva era en la historia política del país. Al tomar la decisión de implementar las prácticas de la política tradicional, el sistema podría estar retornando al equilibrio previo a la crisis del 2015.

Esto tendrá consecuencias negativas más allá de la pérdida de popularidad del presidente. La acción del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) pone en riesgo la confianza de la ciudadanía en las instituciones y podría generar el marco propicio para el surgimiento de movimientos antidemocráticos (que ya aparecieron en el 2015 buscando la cancelación de las elecciones). Peor aún, el retorno al viejo orden representa una oportunidad perdida de transformar el sistema político, condenando al país a mantenerse en el oscurantismo vivido durante las últimas décadas.