Poco a poco se reacomoda el antiguo orden. Seis meses de protestas, el megaproceso de La Línea, que ya alcanzó a empresas insignia del sector económico tradicional, y decenas de revelaciones en investigaciones realizadas en medios independientes no han sido suficientes para sacudir el ethos corrupto de nuestra sociedad.
El Colegio de Abogados no se ha dado por enterado de los juicios que empieza a haber por tráfico de influencias dentro del propio Organismo Judicial y deja la elección final de magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC) entre Óscar Cruz, un protegido de Roberto López, y Boanerge Mejía, la cara visible del grupo que controla la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos y a quien además se le atribuye contar con la simpatía y el apoyo de Fredy Cabrera y Gustavo Herrera. López, Cabrera y Herrera interfieren en los procesos de nominación de jueces y magistrados de una forma que los abogados impulsados a fuerza de lobby e influencias estarán supeditados antes a otros intereses que a los del país. Los pronósticos para la segunda ronda electoral, que se realizará el martes 9, le dan la mayor probabilidad de victoria a Bonerge Mejía.
En la Corte Suprema de Justicia, el magistrado por quien votó el pleno de la Corte Suprema, Neftaly Aldana Herrera, fue apoyado por Gustavo Herrera. Aldana Herrera derrotó a Eddy Giovanni Orellana Donis, quien contaba con las simpatías del empresario de la construcción Otto Samayoa.
Luego tenemos al magistrado que designará el presidente Jimmy Morales, cuyo proceso de selección ha sido manejado totalmente fuera del escrutinio público. En este proceso, la plaza de magistrado titular se disputa entre los grandes grupos económicos que financiaron la campaña de Morales y el grupo de militares retirados que maneja el gobierno.
Solo nos queda dos esperanzas: que el Consejo Superior Universitario y el Congreso de la República decidan lavarse la cara la cara y elegir a alguien independiente de los cárteles que controlan el OJ, independiente de los bufetes corporativos que gestionan fallos para los grandes grupos económicos y a quien no le tiemble la mano ante los políticos, funcionarios y exfuncionarios.
No obstante, si el CSU y el Congreso deciden honrarse, el orden que quisimos destronar con las manifestaciones del año pasado tendrá a su servicio la corte última que protege la impunidad.
Esta semana veremos si la goleada del orden establecida se queda 3 o si aumenta a 5, en esta nueva oportunidad que muy probablemente perderá Guatemala para abatir la impunidad.