Contundencia

Las gestas de 2015 concluyeron en la elección de nuevas autoridades y la desarticulación de aparatos criminales en el país. Las expectativas son altas.

Contundencia es lo que esperamos del Estado los guatemaltecos, mientras este parece muy distraído tratando de entender cuáles son las prioridades de la agenda internacional para la región.

El quehacer de los poderes de Estado en Guatemala pareciera impulsado, más por miedo a los señalamientos, acusaciones y represalias que pudieran venir de la comunidad internacional, que por un claro y viable proyecto de país. Cada día se hace más evidente que el presidente Jimmy Morales y su partido llegaron al poder sin proyecto político, pues mientras en campaña abrazaron el Plan Katún como la visión de país, hoy en día parecen más pendientes de las prioridades del Plan para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica.

Fue particularmente evidente la importancia de la política internacional en la dinámica del país, esa semana en la que los presidentes del triángulo norte
viajaron a Estados Unidos para reunirse con el vice de aquel
 país. En esos mismos días, los
diputados aprobaron en el Congreso las reformas a la Ley del
 Ministerio Público, no sin antes
haber intentado poner un candado a la capacidad investigativa del Ministerio Público (MP) 
mediante el famoso artículo 6
 que fue dejado fuera, presuntamente, gracias a la presencia del
comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el palco del hemiciclo parlamentario. En el Organismo Judicial se dictó sentencia a militares que violaron y abusaron de mujeres –Caso Sepur Zarco– un juicio que contó con la presencia en la sala de vistas de un contundente y disciplinado acompañamiento de embajadores de la comunidad internacional.

Quiero dejar muy en claro mi agradecimiento a la comunidad internacional, que ha sido clave en la desarticulación y, ojalá, el desmantelamiento del Modelo Criminal de Estado que los actores de poder estratégicos internos, diseñaron e implementaron en el país por más de treinta años y que pareciera que operaba bajo líneas de acción en la institucionalidad pública y contrapartes privadas que se beneficiaron de la debilidad y corrupción del Estado guatemalteco.

Sin embargo, la moral colectiva requiere de acciones contundentes que eleven el ánimo y la credibilidad de la sociedad en nuestras autoridades democráticamente electas que, a su vez, eligen y designan el sistema de pesos y contrapesos de la república guatemalteca.

La columna vertebral de nuestro sistema político durante el 2015 resultó ser el Organismo Judicial, ya que sostuvo el descalabro del Ejecutivo y la parálisis del Legislativo. Además, contribuyó contundentemente a investigar y desarticular las estructuras criminales que nos gobernaban. Sin embargo, no basta con grandes cantidades de capturas, es necesario que los procesos avancen y que se evite pasar años esperando iniciar juicios que permitan demostrar la culpabilidad de esos malos funcionarios públicos que se aprovecharon de los recursos del Estado. Necesitamos sentencias, señores, sentencias.

Del Ejecutivo, esperamos la transparencia ofrecida en campaña. Retrasar procesos y nombramientos para evitar críticas, solo abre la puerta para suspicacias y especulaciones, que opacan las relaciones entre autoridad y ciudadanía. El presidente llegó al poder ofreciendo inercia burocrática, salud y educación. No hubo propuestas nuevas –por lo menos en estas dos carteras– decisiones ni resultados contundentes. La crisis no se resuelve con donaciones.

Del Legislativo esperamos poco, pues a pesar de la renovación de nombres y luego de la develación de la corrupción interna por la vía de las contrataciones, de a poco el Congreso vuelve a la normalidad: transfuguismo, señalamientos de compra-venta de voluntades, legislación mal intencionada que juega con las luchas históricas de actores sociales, privilegios legalizados, aluviones de enmiendas a leyes urgentes, etcétera. Pero también del Congreso se esperaría decisiones contundentes. Por lo menos, una agenda legislativa priorizada de beneficio colectivo y no más leyes controversiales que justifican sus transas.

Mi posición no es de nacionalismo a ultranza, por el contrario, sin presiones internacionales seguramente seguiríamos en manos de los criminales que habían secuestrado el Estado. Mi petición es que de toda esta montaña rusa política, algo bueno salga para el país y los más necesitados.