¿Cómo pedir solidaridad de los actores privados, si no la hay entre las mismas instituciones públicas?
Foto: Santiago Billy/Diario Digital
El bono otorgado a los casi 300 colaboradores de la Corte de Constitucionalidad (CC), incluidos los magistrados, generó fuertes críticas por parte de una sociedad cada vez más sensible al uso de los fondos públicos. En respuesta, la magistrada presidenta, Gloria Porras argumentó que el bono era merecido por el trabajo de los colaboradores. Además, aseveró que cada institución del Estado es responsable de sus finanzas y así desestimó las críticas al “Bono Revolucionario”, en medio de una crisis financiera que sufre el sistema hospitalario y el Estado en general.
Las declaraciones de Porras nos dan varios elementos para la reflexión. En primer lugar, debemos dejar claro que los funcionarios públicos tienen todo el derecho de ser compensados de manera digna y deben existir incentivos para mejorar su productividad. En efecto, una de las principales reformas al Estado pasa por definir un sistema de servicio civil que promueva las buenas prácticas de contratación y una compensación atractiva para los mejores profesionales. Sin embargo, a diferencia de lo privado, en lo público se debe tomar en cuenta los efectos políticos de la entrega de un bono, sobre todo en un contexto de crisis financiera del Estado.
De hecho, en tiempos de crisis, la entrega de bonos es mal percibida, incluso en lo privado. Recordemos cómo en medio de la recesión de 2008 algunos bancos estadounidenses recetaron bonos a sus ejecutivos, con fondos provenientes del rescate del gobierno a dichas instituciones financieras. Esto fue rechazado por la sociedad estadounidense y es aún un tema polémico en la política de aquel país.
Segundo, el comentario de la magistrada nos indica una mentalidad existente en las instituciones del Estado. Cada organización busca su propio beneficio, intentando quedarse con un pedacito del presupuesto, sin importarles la situación del resto de la institucionalidad pública. El comentario de Porras fue un recordatorio a las otras instituciones públicas de que en Guatemala nos regimos bajo la Ley de Cristo, “cada quien con su pisto”.
"Una de las principales reformas al Estado pasa por definir un sistema de servicio civil que promueva las buenas prácticas de contratación y una compensación atractiva para los mejores profesionales".
Tercero, la polémica surge en medio de declaraciones de delegados de la comunidad internacional sobre la necesidad de aplicar impuestos dirigidos a seguridad y justicia. El debate se ha posicionado como un tema de solidaridad, en el cual los actores privados “tienen la obligación” de ser solidarios con su país y aportar más. Sin embargo, ¿cómo pedir solidaridad de los actores privados, si no la hay entre las mismas instituciones públicas? En este sentido, es aplaudible la decisión del magistrado Roberto Molina Barreto de devolver el bono debido a la crisis financiera.
Sin embargo, Molina Barreto es la excepción. La actitud de Porras es un reflejo del sistema público guatemalteco. El Estado no tiene una visión definida de hacia dónde se dirige y absorbe los recursos en temas administrativos y de pago de salarios (mucho de ello plazas fantasma). El próximo gobierno tiene el reto de unificar el aparato estatal bajo una misma dinámica y cultura de trabajo, con metas y objetivos compartidos. De no ser así, los ciudadanos nunca veremos los impuestos como una cuestión de solidaridad con los más pobres, sino como una fuente interminable de recursos para aquellos que buscan enriquecerse de manera ilícita.