El TSE de la desidia

El jueves 19 de noviembre se cumplen 74 días desde que se realizaron las elecciones generales. Por problemas ocasionados por la quema de urnas en algunos municipios y las impugnaciones en otros, los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial no se hicieron oficiales sino hasta el 15 de septiembre.

Nunca nos imaginamos que esa tardanza de 9 días, de por sí ya inaudita en nuestra historia electoral reciente, iba a ser superada con creces por la pachorra que muestra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en acreditar las diputaciones. Cuando salga publicada esta columna, es posible que sigamos sin saber los nombres de quienes integrarán la 8a Legislatura. Nada menos que 10 semanas y 4 días sin que el TSE declare quiénes fueron electos como diputados.

Las razones del retraso, explica el TSE, consisten en que por primera vez se aplicará el artículo 113 de la Constitución Política, que habla de requerir capacidad, idoneidad y honradez en quienes deseen optar a cargos públicos. En un panorama en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –la cual, dicho sea de paso, no goza de simpatía entre los magistrados del TSE– provocó un remezón al promover procesos penales por corrupción en contra de funcionarios, diputados y candidatos. Al TSE, que no pudo ignorar la vorágine, no le ha quedado otra que romper con sus costumbres e iniciar un farragoso trámite postelectoral para evitar que personas notoriamente incapaces, con falta de idoneidad para ser diputados e indicios de ser corruptos, tomen posesión el 14 de enero.

Por supuesto, el TSE habría ahorrado tiempo si le hubiera negado la inscripción a todos esos presuntos delincuentes y les hubiese cerrado la posibilidad de correr como candidatos, tal como lo hizo con Alfonso Portillo. Portillo fue el único aspirante a diputado a quien el TSE aplicó de manera sumaria ese artículo constitucional.

Tres organizaciones –Jóvenes por Guatemala, Guatemala Visible y Primero Guatemala– han pedido también que se impida tomar posesión a once diputados que aparecen en Guatecompras con contratos con entidades del Estado. Para hacerlo, lo que procede es que el TSE aplique el artículo 164 constitucional.

Tanto en esta circunstancia como en la de los antejuicios, uno no se explica qué tipo de verificación de calidades hace el Registro de Ciudadanos a la hora de procesar los expedientes de aspirantes a candidatos. Esa desidia para revisar expedientes es ya suficiente para señalar al personal de esta dependencia de incumplimiento de funciones, ya que facilitó la inscripción de postulantes con prohibiciones notorias para optar a una diputación. Menos mal que estas organizaciones de la sociedad civil dieron la voz de alarma, porque si no el Tribunal Supremo Electoral los hubiese acreditado sin mayores reparos.

Como vemos, el retraso es consecuencia de querer solventar a destiempo fallas e incumplimiento de responsabilidades en el proceso de inscripción. Un afán en el que no se ha visto mucho entusiasmo por parte de los magistrados, porque no parecen estar muy convencidos de que deba cerrársele el paso a los diputados que afrontan antejuicios y tampoco parecen comprender la inconveniencia de que en el Congreso haya contratistas del Estado.

Hay que reconocer que el TSE es eficaz para la mecánica electoral: organización de juntas electorales, disposición de procesos de envío y distribución de los materiales para las elecciones y lo relativo a abrir y cerrar centros de votación, contar votos y elaborar actas con resultados. Pero hasta ahí, porque en lo relativo a aplicar la Constitución Política y la Ley Electoral y sus Reglamentos, el Tribunal Supremo Electoral se hizo de la vista gorda al inscribir candidatos que no llenaban los requisitos. Y esa desidia es la que alimentó la demora que hay en la asignación de diputaciones.