Presidencia memorable

Ninguna de sus acciones entre septiembre y enero le habrían valido un espacio en la memoria colectiva.

Foto: Santiago Billy/Diario Digital

El presidente Alejandro Maldonado Aguirre habría de pasar por la Presidencia sin más huella que su gesto de solidaridad con las víctimas de El Cambray II. Pero al decretar la creación de una salario mínimo diferenciado, inferior en casi Q800 al salario mínimo oficial de los trabajadores del campo, se garantiza pasar a la historia.

De buena y de mala manera, al mismo tiempo.

Maldonado es hoy aborrecido por quienes piensan que la integralidad del salario mínimo debe ser defendido como una conquista laboral irrenunciable, aunque sea insuficiente en sí mismo para garantizar la cobertura de la canasta básica vital o aunque sólo un porcentaje de población muy inferior al 30 se beneficie de él.

Maldonado también es criticado, aunque en menor medida, por quienes se oponen a la existencia de un salario mínimo en el país y consideran que el mercado laboral debería ser absolutamente libre.

Por último, la decisión del Presidente es celebrada en estos días por la derecha empresarial.

La decisión de dar nueva vida a una iniciativa del gobierno de Otto Pérez Molina, promovida por dos ex ministros cercanos al sector privado organizado y traída al traste por la Corte de Constitucionalidad, se convierte en la única acción concreta de los últimos años para propiciar la creación de empleo en el corto plazo. Y eso, en un país en el cual se incrementan los niveles de pobreza, resulta crucial.

El salario mínimo diferenciado garantizaría un ingreso anual al menos dos veces superior al que define la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida para establecer la línea de la pobreza en el país.

A contrapelo, todas las propuestas de los críticos del salario diferenciado ubicados en la izquierda del cuadrante suponen inversiones y cambios de largo plazo (generalizar y garantizar la calidad en educación y salud públicas, mejorar la infraestructura nacional). Sus propuestas son razonables sin duda, e indispensables como parte del diseño de una estrategia de desarrollo nacional, pero no generarían empleo en el futuro inmediato. Y es que para eso nadie parece tener un opción a mano que no sea reducir impuestos para atraer capital y permitir el pago de salarios bajos.

La decisión de Maldonado, largamente perseguida por los empresarios (lo cual la hace objeto de sospecha para muchos), es audaz, supone un cambio real, abre las puertas para la creación de empleo formal en cuatro municipios, y en el mejor de los casos permitiría integrar a nuevos trabajadores a la seguridad social.

Hace falta ver, sin embargo, que el ensayo funcione. Que se evalúe en un tiempo perentorio. Que el Estado sea capaz de impedir la migración de empresas que pagan en la actualidad el salario mínimo integral a esos municipios para beneficiarse del pago de salarios inferiores. Que se revise periódicamente para propiciar la equiparación del mínimo en todo el país. Y en contraste, evitar que este incentivo se generalice en el territorio nacional.

Sobre todo, hace falta ver que de verdad se genere empleo. En el mejor de los casos, la manufactura liviana podría convertirse en un pequeño motor de la economía del país.

De ser así, el gobierno de Maldonado Aguirre pasaría a la historia por algo que ninguno de sus antecesores –menos aún sus críticos- ha logrado hacer en la última década: crear empleo para guatemaltecos que pasan hambre sin él.

"No fue decisión del Gobierno, fue petición de los municipios"