Fue una decisión institucional y no de un solo general o de un único gobierno.
Hoy rabian muchas personas por la captura de Benedicto Lucas, el oficial que se puso al frente de la contraofensiva castrense dirigida a hacer retroceder a la guerrilla.
Enfurecen, despotrican y exigen acciones semejantes contra la antigua insurgencia los seguidores de Lucas, pero su reclamo de fondo es la impunidad para estos crímenes y los oficiales que los cometieron.
Uno de ellos encabezó el listado nacional de candidatos a diputado del partido que nominó al presidente electo y ese tema apenas le generó algún disgusto durante la larga campaña.
La contraofensiva militar se saldó con más de 400 masacres y arrió a más de cien mil guatemaltecos hacia territorio mexicano. Pero puesto que se logró derrotar a la guerrilla que tras este fracaso no pudo ya recomponerse, todos los métodos utilizados se han dado por buenos.
Es difícil decir a estar alturas cuál es el bando mayoritario en el país, si el que pide justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra o el que reclama impunidad, perdón y olvido, materializados en una amnistía general.
En apariencia, el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt cuya sentencia condenatoria en primera instancia fue anulada por decisión de la Corte de Constitucionalidad, provocó un cambio de opinión en muchos guatemaltecos antes indiferentes ante este tema. Son bastantes más ahora quienes piensan que en el país sí hubo genocidio, según pudo reflejarse en la encuesta de ContraPoder de enero 2014. Y ese tipo penal, el de genocidio, ha sido fuente de la mayor polémica de Guatemala en todos los tiempos.
En esta ocasión, sin embargo, los delitos que persigue el Ministerio Público (MP) no incluyen el genocidio, sino la desaparición forzada y el incumplimiento de deberes con la humanidad —ambos tipos penales gravísimos que no admiten amnistía.
La nueva acción de la justicia se dirige en contra de quienes integraban la cúpula militar y los mandos de una zona específica, la de Cobán, Alta Verapaz, en el período de gobierno de Romeo Lucas García, y con ello se constata que la violencia indiscriminada de la guerra contrainsurgente fue una política institucional del Estado de Guatemala a lo largo de varias administraciones de Gobierno.
Usted dirá que esa es una verdad de Perogrullo. Pero al judicializarse, cobra una fuerza distinta en la conciencia nacional y en nuestra historia. El desborde de violencia de aquellos años no fue obra de un loco desquiciado, como a veces ha querido plantearse.
Las administraciones de Lucas, Ríos Montt (contra quien, por razones de prominencia política, se han hincado los dientes hasta hoy), Óscar Humberto Mejía Víctores, Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías, todas tienen responsabilidad en esa violencia contrainsurgente dirigida contra población civil.
Cada uno con sus diferencias de matiz, según era percibida en su período respectivo la dimensión de la amenaza guerrillera.
Con esta iniciativa también se demuestra que el MP no actúa movido por la presunta ideología de quien lo dirige sino por la constatación de hechos delictivos.
Para desmayo de muchos, sin embargo, las reacciones tras la captura de 14 militares también ha servido para constatar que en Guatemala aún existe un sector de población significativo que se opone a la justicia en los casos de la guerra y justifica los excesos cometidos.
Ese es un hecho revelador, un fenómeno que nos describe como sociedad. Si hace apenas tres décadas estuvimos dispuestos a tolerar cualquier extremo con tal de preservar el modelo económico y político del país, ¿a qué estaremos dispuestos ahora?