Por fin una acción de alejandro maldonado aguirre que nos pone a discutir a todos.
Ninguna de sus acciones entre septiembre y enero le habrían valido un espacio en la memoria colectiva. Alejandro Maldonado Aguirre iba a pasar por la Presidencia sin más huella que su gesto de solidaridad con las víctimas de El Cambray II. Pero al decretar la creación de una salario mínimo diferenciado, inferior en casi Q800 al salario mínimo oficial de los trabajadores del campo, en cuatro municipios del país, se garantiza pasar a la historia.
De buena y de mala manera, al mismo tiempo.
Maldonado es hoy aborrecido por quienes piensan que la integralidad del salario mínimo debe ser defendida como una conquista laboral irrenunciable, aunque sea insuficiente en sí mismo para garantizar la cobertura de la canasta básica vital o aunque solo un porcentaje de población inferior al 30 se beneficie de él.
Maldonado también es criticado, aunque en menor medida, por quienes se oponen a la existencia de un salario mínimo en el
país y consideran que el mercado laboral debería ser absolutamente libre.
Pero la crítica más sólida de todas, es la que cuestiona si al decretar un salario mínimo diferenciado y si este tenga algún éxito en propiciar la creación de empleo, no se estaría demostrando la impertinencia del salario mínimo integral en el resto del país y se orille a la desaparición de una figura que hasta hoy a defendido un ingreso básico para miles de personas.
Por supuesto que la decisión del Presidente es celebrada en estos días por la derecha empresarial.
Dar nueva vida a una iniciativa del gobierno de Otto Pérez Molina, promovida por dos exministros cercanos al sector privado organizado y traída al traste por la Corte de Constitucionalidad, se convierte en la única acción concreta de los últimos años para propiciar la creación de empleo en el corto plazo. Y eso en un país en el cual se incrementan los niveles de pobreza, resulta crucial.
El salario mínimo diferenciado garantizaría un ingreso anual al menos dos veces superior al que define la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida para establecer la línea de la pobreza en el país.
A contrapelo, todas las propuestas de los críticos del salario diferenciado ubicados en la izquierda del cuadrante suponen inversiones y cambios de largo plazo (generalizar y garantizar la calidad en educación y salud públicas, mejorar la infraestructura nacional). Sus propuestas son razonables sin duda, e indispensables como parte del diseño de una estrategia de desarrollo nacional, pero que no generarían empleo en el futuro inmediato. Y es que para eso nadie parece tener un opción a mano que no sea reducir impuestos para atraer capital y permitir el pago de salario bajos.
La decisión de Maldonado, largamente perseguida por los empresarios, es audaz, supone un cambio real, abre las puertas para la creación de empleo formal en cuatro municipios y en el mejor de los casos permitiría integrar a nuevos trabajadores a la seguridad social.
Pero ni duda cabe que entraña un riesgo y habrá que afrontarlo con sabiduría.
Hace falta ver aún que el ensayo funcione. Que se evalúe en un tiempo perentorio. Que el Estado sea capaz de impedir la migración de empresas que pagan en la actualidad el salario mínimo integral a esos municipios para beneficiarse del pago de salarios inferiores. Que se revise periódicamente para propiciar la equiparación del mínimo en todo el país. Y en contraste, evitar que este incentivo se generalice en el territorio nacional. Muchos menos que propicie una reducción generalizada del salario mínimo.
Sobre todo hace falta ver que de verdad se genere empleo. En el mejor de los casos, la manufactura liviana podría convertirse en un pequeño motor de la economía del país.
De ser así, el gobierno de Maldonado Aguirre pasaría a la historia por algo que ninguno de sus antecesores –menos aún sus críticos– ha logrado en la última década: crear empleo para guatemaltecos que pasan hambre sin él.