Llegó el momento de realizar la reforma al servicio civil del Estado. El Presidente Morales está llamado a encabezarla.
La oportunidad está servida. Con la decisión del presidente del Legislativo, Mario Taracena, de dar a conocer la planilla 011 de empleados del Congreso, se ha creado el clima de opinión pública propicio para discutir el tema.
No se trata solo de frenar hoy el crecimiento constante de sala- rios en el Legislativo. Tampoco de limitarse a modificar el pacto colectivo en el Congreso, un extremo al que ahora, de manera graciosa, está dispuesto el sindicato. Del mismo modo, no se resuelve mayor cosa con despedir e indemnizar a los empleados con salarios más altos en ese organismo. Es momento de que el liderazgo político nacional conduzca la reforma del sistema de servicio civil del país, clasifique puestos, armonice y estandarice salarios y prerrogativas para los servidores públicos y se encamine hacia la profesionalización y tecnificación de los empleados del Estado. Que se sienten las bases para contar con una burocracia enteramente profesional, en cuyos nombramientos y despidos no intervengan las pasiones políticas de nuestros cargos electos. Mucho menos las ambiciones de los corruptos. El país puede construir un Estado como el que necesita para atender las necesidades más apremiantes de la sociedad, sin desperdiciar recursos en albergar amigos, compadres y novias bien pagados de los gobernantes de turno.
Este es el momento. Al inicio del mandato de Gobierno. Cuando cuenta con todo el respaldo popular y cuando existe un clamor auténtico por terminar con los abusos de fondos públicos.
El diputado Mario Taracena, más impetuoso que cerebral, ha marcado el camino. Le ha sacado ventaja al Ejecutivo y en eso ha hecho bien.
Una vez conocida la forma en la que se gastan los fondos del Legislativo –cuyo presupuesto se ha duplicado en los últimos cinco años– existen razones de sobra para exigir la reforma del servicio civil. ¿Por qué permitir que en un organismo como el Congreso se establezca una planilla que no guarda la menor armonía con el resto del Estado?
Conserjes que ganan más que ministros. Secretarias que cobran más que magistrados. Un jefe de Protocolo que rebasa en ingresos a todos los funcionarios excepto al presidente, al vicepresidente de la república y al superintendente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Esa anarquía ha prohijado mecanismos tan corruptos como el de compra y venta de plazas en el renglón 011. Se paga por estar ahí. Y se cobra por incluir a alguien nuevo y sangrar un poco más al Estado.
Mario Taracena está llamado ahora a conducir la reforma de la burocracia del Congreso, y el Pleno puede también crear la nueva Ley de Servicio Civil para el Estado. Pero si el presidente de la república asume un papel de liderazgo, el país puede transformar de manera completa el sistema que rige a su funcionariado.
Es momento de convocar a la discusión ordenada y democrática del tema. Con la participación de los sindicatos y con veeduría pública. Es momento de terminar con esos pactos colectivos abusivos, que ponen en predicamento las finanzas públicas y por los cuales no asumen la menor responsabilidad los funcionarios de turno que firman y se van.
Pero también es momento de crear un sistema que reconozca con justicia y con sensatez la contribución de maestros, agentes y oficiales de Policía, miembros del Ejército, personal de tribunales y todos los cuadros técnicos y de apoyo del Ejecutivo.
Aquí hay una oportunidad para llevar adelante una auténtica transformación de una de las condiciones más relevantes en el país: si Guatemala cuenta con un Estado integrado por cuadros aptos, capaces, talentosos, con conocimientos técnicos y prácticas profesionales, será menos difícil abordar sus grandes problemas. Ahora es cuando.