La Ley Orgánica del Organismo Legislativo es demasiado importante para no tomar en cuenta las propuestas de la ciudadanía.
Definitivamente, el comportamiento del ser humano debe guiarse por convicción y no por temor. Es inexplicable, luego de las expresiones del hartazgo ciudadano ante la situación, que todavía se cuente con funcionarios públicos que no cambian su conducta. Es latente el disgusto que representa el Organismo Legislativo para los guatemaltecos, pero también es obvio que no se ha hecho suficiente para motivar la transformación que se demanda. Cuando aparecen nuevas sombras de amenazas de la fiscal general y/o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) con investigaciones y acusaciones, o de los Estados Unidos de anular visas, muchos se esconden, algunos se atrincheran y otros reaccionan con un imprudente y peligroso activismo.
En el último trimestre del año pasado, los diputados trataron de aplacar los ánimos de la plaza y realizaron dos reformas importantes la de Tarjetas de Crédito (Decreto 7-2015) y la de Contrataciones del Estado (Decreto 9-2015), iniciativas que no necesariamente mejorarán la situación del país. Al margen de cuál sea el parecer que cada guatemalteco tenga de las nuevas leyes, no hay duda que adolecen de: técnica legislativa, redacción correcta, retroalimentación de expertos, análisis económicos y financieros, costeo de implementación, capacidades institucionales, y estudios del marco constitucional y legal. Se realizaron de forma exprés, sin preocuparse de lo dañinas que pueden resultar. Luego, se cumple un viejo refrán entre abogados que dice, “después de una reforma a la ley, lo más importante es preparar otra reforma para enmendar sus errores”.
Por ejemplo, según análisis del CIEN, las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado no mejorarán, transparentarán, ni agilizarán las compras del Estado. Mas bien, pondrán una carga mayor sobre los actuales funcionarios. Varios de sus artículos nuevos, lejos de regular con precisión su disposición, mandan su desarrollo a reglamentos que no existen –lo cual dificulta cumplir con la normativa. A veces se tienen buenas intenciones, pero se hubiera podido redactar una ley de mejor calidad. En el caso de la Ley de Tarjetas de Crédito pareciera que todos estamos de acuerdo en que se regule el servicio, se eduque a la población y se informe con detalle al cliente, pero fijar arbitrariamente un precio tope a las tasas de interés es un craso error.
La nueva legislatura ha sorprendido a muchos. Se transparentaron los nombres y salarios por empleado, se sugirió impedir a los diputados contratar parientes, y se ponen algunos a trabajar a todo mecate leyes como la Reforma a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el fin de semana. Está bien que se inicien cambios en la actuación de los diputados, sin embargo, debemos poner atención no solo en la apariencia, sino en los resultados y productos que los legisladores están generando. La ley interna del Congreso es demasiado importante para no tomar en cuenta las propuestas de la ciudadanía. Además debiera ser discutida, entendida y absorbida por cada uno de los diputados, para luego ser respetada su puesta en vigor. Se puede poner límite de tiempo para su discusión, pero definitivamente no debe aprobarse de forma rápida, por presión o por salir del paso.
Es trascendental revisar los procedimientos para aprobar una ley. Una agenda legislativa es crucial para que todos estemos enterados de lo que se discutirá en el pleno. El trabajo en las comisiones es necesario, al igual que el sustento técnico de las leyes para que sean intemporales. No debemos tolerar más leyes de urgencia nacional, puede ser una trampa de la que no podamos salir. Además, el desempeño de esta institución no es solo cuestión de producir leyes, sino de practicar principios como respetar las normas, asistir al pleno, leer y analizar las iniciativas de ley, trabajar en comisiones, fiscalizar sin chantajear y lograr ganarse el título de dignatarios de la nación.