Ya empiezan a circular noticias sobre iniciativas de ley, decretos y acuerdos ministeriales que perjudican a la ciudadanía.
Se percibe un febril activismo legislativo y ministerial desde el principio de año. A los guatemaltecos nos cuesta mantenernos al día. Quienes no somos abogados, tenemos dificultad en aprehender los alcances de ciertas disposiciones, ya sea porque no comprendemos los tecnicismos o porque los autores usan nebulosos eufemismos. Sin embargo, tenemos la certeza de que nuestras autoridades nos imponen costos directos o indirectos.
Una búsqueda rápida en el sitio del Congreso de la República, revela que los diputados han conocido por lo menos 16 iniciativas de ley en lo que va del año. Su numeración, desde 4885 hasta 5020, indicaría la existencia de por lo menos 135 iniciativas, algunas quizá ya convertidas en decretos aprobados. Adicionalmente, están desengavetando proyectos viejos y controversiales. La iniciativa 3896, Ley Nacional de la Juventud, por ejemplo, es una propuesta tan dañina como innecesaria, porque la Constitución ya protege los derechos de los jóvenes. Otra iniciativa resucitada es la Ley de Desarrollo Rural Integral (No. 4084), cuyos graves defectos se discutieron fuertemente hace cuatro años.
No se han publicado los decretos aprobados en el 2016 en el sitio del Congreso, pero noticias periodísticas cubren algunos de ellos, siendo el Decreto 14-2016 el más sonado. Las reformas aprobadas a la Ley Orgánica del Legislativo provocaron una ola de transfuguismo, pues los costos de cambiar la afiliación partidaria serán más elevados una vez entre en vigor la ley.
Algunas leyes contravienen o cambian el sentido de disposiciones anteriores y otras contienen inconstitucionalidades. Es alarmante la facilidad con la que se vulneran nuestros derechos básicos, como el derecho a la propiedad. Tal es el caso de los acuerdos ministeriales 14 y 15 emitidos por el Ministerio de Cultura y Deportes, que atentan contra la propiedad privada de los bienes arqueológicos y del patrimonio cultural. Otras disposiciones tienden a inmiscuir al Gobierno en el seno del hogar y minar la patria potestad, muchas veces con efectos destructivos de la unidad del núcleo familiar. No bastan las buenas intenciones de los legisladores que ambicionan, de un plumazo, erradicar los problemas de salud que causa el tabaco, o la violencia intrafamiliar, o la pobreza. A veces, lo dispuesto cosecha resultados diametralmente opuestos a los que anuncian los títulos de las iniciativas.
Este activismo genera, por supuesto, presión sobre el gasto público, porque se crean dependencias o se suman atribuciones a las entidades existentes. Los legisladores tienden a proponer impuestos nuevos o tasas impositivas más altas. No pocas veces la búsqueda de fondos lleva a los diputados a caer en la doble imposición fiscal, en la violación de los principios elementales de la tributación. Uno de los argumentos en contra de la Ley de la Juventud, por ejemplo, es que propone costear la secretaría de la juventud inflando en un uno por ciento el pago sobre las utilidades o ganancias empresariales del impuesto sobre la renta (ISR).
Hace un año, Prensa Libre reportó la existencia de 60 mil leyes vigentes, muchas de las cuales son obsoletas; las más antiguas datan de 1873. Leí otro estimado según el cual los guatemaltecos debemos acatar alrededor de 70,000 disposiciones legales. Imagino que ya suman más…
Las leyes son reglas del juego que inciden sobre nuestras decisiones de ahorrar, invertir, comprar, generar empleos, emigrar, formar familias, y más. Los cambios bruscos crean altísimos costos para los gobernados. Se erosiona el respeto que nos merecen las normativas y su valor, en la medida en que sean demasiadas, se contradigan unas con otras, y vulneren los principios que deben regir la convivencia pacífica.