Los grupos de poder, ocultos detrás del gobierno.
Pasada la transmisión de mando del 14 a las 14, ha quedado claro que existe un enorme vacío de liderazgo y de poder en el país, que la nueva administración no parece estar en capacidad de llenar (al menos, no por el momento). Para decir la verdad, históricamente el poder político ha estado repartido entre diversos grupos privados que se han impuesto ante el interés público la mayor parte de las veces. Sin embargo, hay varios factores de poder que van más allá de las redes privadas y que podrán, eventualmente, determinar el rumbo del país. ¿Quiénes jugarán ese papel de árbitros de la gobernabilidad, hayan sido electos o no por los ciudadanos guatemaltecos?
En primer lugar, no debe extrañar que en un Estado tutelado como el nuestro (tema de mi próxima columna) el principal actor de poder de los siguientes cuatro años sea el Gobierno de los Estados Unidos. El señalamiento del presidente Obama en el Estado de la Unión, de hace pocas semanas, no deja lugar a equívocos. De acuerdo con lo leído por Obama, el llamado Triángulo Norte centroamericano es una zona de ingobernabilidad estructural, que provocará flujos de migrantes y refugiados en las siguientes décadas y por lo tanto, el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca mantendrá en observación permanente lo que acontece por estos lares. La próxima semana analizaré este tema con más detalle, pero basta con señalar que cualquier asunto público importante en este momento pasa por la revisión de Washington y todos los actores locales ya asumieron que en la práctica se cogobierna el país desde la zona 10 (aún más que en el pasado).
En segundo lugar, tanto la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como el Ministerio Público (MP) seguirán marcándole los pasos a la clase política y con ello se convertirán en grandes árbitros que definirán cuánto poder tienen quiénes en este país. Su efecto en la distribución del poder será imposible determinarlo, porque sus acciones tienen efectos secundarios que ellos mismos desconocen (y en algunos casos, tampoco les importan). Aliados de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción y la impunidad, tanto el MP como la CICIG seguirán cosechando aplausos y vítores mientras puedan demostrar que hay casos individuales de personajes políticos destacados, que merecen ser llevados ante la justicia por violar la ley abusando de la función pública
En tercer lugar se encuentra la clase política, agrupada en el Congreso y las autoridades municipales. Tanto el presidente del Congreso como el flamante nuevo presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) –el antes novel alcalde de Villanueva– han dado señales claras acerca de que el vacío de poder dejado por el Ejecutivo, puede ser llenado rápidamente por otros actores políticos de primera línea. Ambos tienen agendas políticas ambiciosas, y llegaron a sus puestos para quedarse y ejercer su influencia como cojefes de Estado en la práctica de un poder público más débil y atomizado que nunca.
Los poderes fácticos tradicionales (sector privado, Iglesias, medios de comunicación, etc.) merodean los corredores de esos tres pilares de la gobernabilidad, al mismo tiempo que esperan tener su propio espacio en la elección de las Cortes (tal y como ha sido su estrategia histórica). Incapaces de alcanzar puestos formales de gobierno por la vía del voto, se acurrucan en la idea de que la república ofrece más oportunidades de influencia que la democracia.
La pregunta que nos debemos hacer los ciudadanos es esta: ¿servirá toda esta parafernalia de poderes e intereses para profundizar la democracia, fortalecer la justicia y la lucha contra la impunidad, comenzar a erradicar la pobreza y el racismo, y asegurar de una vez por todas un país donde quepamos todos porque todos progresamos juntos?
Y esa no es la agenda ambiciosa. Esa es solo la agenda mínima ciudadana.