#LeToca a los sindicatos

Los pactos colectivos y beneficios a trabajadores estatales cruzan el fuego de la prueba: el Estado somete 15 acuerdos al escrutinio más riguroso. Todo indica que la era dorada llegó a su fin.

María Eugenia Villagrán detonó la bomba. El 24 de enero, un día después de que el presidente del Congreso, Mario Taracena, hiciera públicos los salarios de los empleados legislativos contratados bajo los renglones 022 y 029, la procuradora general de la nación advirtió que pediría que se declarara lesivo el pacto colectivo de ese organismo. “No se pueden dar beneficios y conceder bonos sin antes consultar al Ministerio de Finanzas para establecer si el Estado tiene las capacidades financie- ras”, afirmó durante el programa radial A primera hora.

No improvisaba. A finales de octubre, la funcionaria se reunió por primera vez con representantes de la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP), la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) y el Ministerio de Trabajo (Mintrab) para establecer la legalidad del pacto suscrito en 2013 por los sindicalistas de Salud y el entonces ministro Jorge Villavicencio.

El análisis se extendió a otras catorce dependencias. El Congreso, la Empresa Portuaria Quetzal, el Comité Olímpico, la Dirección General de Caminos y la de Migración estaban en la mira. También los institutos de Administración Pública (INAP), de Cooperativas, Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) y de Fomento Municipal (Infom), así como el Diario de Centro América y la Tipografía Nacional, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, la Escuela Central de Agricultura, el Registro de la Propiedad y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Villagrán envió, el 1 de febrero, un dictamen a Taracena. En él declaraba que las condiciones laborales de los empleados del Congreso, violaban el principio de igualdad entre los trabajadores del Estado y agravaban la situación de las finanzas públicas. Además, anticipaba denuncias penales en contra de los responsables.

La procuradora informó, el 16 de febrero, que los 14 pactos colectivos carecían de dictamen del Ministerio de Finanzas y, por tanto, eran financieramente inviables. “No puedo iniciar acciones sin autorización del presidente (Jimmy Morales)”, añadió.

EL COSTO DE LOS PACTOS

Fuente: Ministerio de Finanzas

Un informe del Ministerio de Finanzas –presentado el 15 de diciembre al gabinete económico y elaborado con base en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin)– establece que, en 2015, los gastos por servicios personales (Grupo 0) de los ministerios de Salud y Educación registraron un incremento de Q1,427.2 millones, como consecuencia de los ajustes salariales asociados a los convenios entre sindicalistas y autoridades. La cartera proyecta que este año el aumento neto sea de Q406.4 millones. Eso, sin contar con los Q500 millones que representará trasladar a la nómina a los profesionales del subgrupo 18.

Fuente: Ministerio de Finanzas

Los sueldos y salarios absorben cada vez más ingresos tributarios. Mientras en 2009 representaban el 35.3 por ciento de la recaudación, en 2015 constituyeron al 41.5 por ciento. Mientras la nómina creció por los pactos colectivos, la contratación de más personal, los escalafones y las reclasificaciones, la recaudación no logró repuntar. El año pasado esta se situó en 10.3 por ciento, el mismo nivel que en 2009, cuando se registró la crisis económica mundial.

Que la nómina haya crecido por encima de los ingresos, restringió aún más el gasto público. El Ministerio de Finanzas estima que, en los últimos años, el 90 por ciento del presupuesto está comprometido al pago de sueldos y salarios, deuda, pensiones y jubilaciones, aportes constitucionales y otros destinos establecidos por leyes tributarias.

Sin embargo, Jonathan Menkos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), considera que la rigidez presupuestaria del gasto público equivale a 12.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Un empleado público gana en promedio Q3,557 mensuales. Los maestros ganan q3,646. El problema de los pactos no son los aumentos salariales, sino los otros beneficios que son difíciles de costear
o que generan distorsiones”, explica.

El bono de Q1,000 que reciben los empleados del Organismo Judicial al salir de vacaciones, o el de Q400 otorgado a los del Ministerio de Economía antes de Navidad son algunos ejemplos de esos beneficios. “La suscripción de pactos colectivos conlleva tres amenazas: la mala gestión del recurso humano, el desequilibrio financiero y la ausencia de términos para otorgar privilegios. Los pactos son insostenibles”, explica Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicos Nacionales (CIEN).

EL DEBATE

La Procuraduría General de
la Nación denunció, el martes pasado, el pacto colectivo del Congreso ante el Ministerio Público, lo considera lesivo a los intereses del Estado. Y todo apunta a que hará lo mismo con los otros 14 que todavía analiza.

Quezada, por su parte, considera que la suscripción de tales convenios es ilegal. El analista del CIEN explica que, todos los años, el Ejecutivo publica el Plan Anual de Salarios y Normas para su Aplicación. Allí se establecen las remuneraciones para los empleados públicos según su función. “Los beneficios otorgados deben respetar los límites establecidos por la Ley de Servicio Civil y la Ley de Salarios.
 Todos los empleados
que desempeñan el
mismo trabajo debe-
rían ganar lo mismo”, indica.

El diputado Amílcar Pop, de Winaq, admite que los pactos colectivos han dado pie a abusos por parte de los sindicatos.
Sin embargo, considera que la salida no es declararlos lesivos o inconstitucionales. “Los derechos laborales son irrenunciables. Además, el Código de Trabajo estipula que las condiciones de los pactos futuros no pueden ser inferiores a las de los pasados. La única forma es que las partes se sienten a dialogar voluntaria- mente. Los fondos públicos aumentarían significativamente si
se combate la corrupción y si se eliminan los privilegios fiscales”, explica.

En ese sentido, Menkos afirma que el Código de Trabajo no con- templa la renegociación de pactos colectivos. “La situación fiscal demanda atender el artículo 60 de la ley del presupuesto para 2016 y tener en cuenta las condiciones financieras del Estado a
la hora de suscribir los pactos. Esto no solo para pactos futuros, sino también para los vigentes. Los pactos que brindan a los burócratas seguros privados de salud son ilegítimos, pues los ciudadanos lidian con el sistema nacional”, señala.

LA COYUNTURA

La coyuntura es alarmante. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2014 muestra un aumento en las tasas de pobreza y pobreza extrema. La primera alcanzó
el 59.3 por ciento y la segunda, el 23.4 por ciento. Sin embargo, los recursos públicos para combatirla son cada vez menos. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) recaudó Q5 millardos menos de lo previsto en 2015 y, si no se adoptan medidas, este año la carga tributaria podría caer al 9.9 por ciento del PIB.

El equipo del presidente Jimmy Morales encontró arcas vacías, cuentas por pagar y préstamos externos sin gestionar. De ahí que el mandatario haya acudido al Congreso para pedir una emisión de Bonos del Tesoro de Q1.6 millardos y anunciado que presentará un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la SAT. La posibilidad de invalidar o, al menos renegociar, los pactos colectivos cobra fuerza en este con- texto. Limitar los beneficios
de los burócratas y ajustarlos
a la situación de las finanzas públicas, representaría un alivio para el erario. La demanda de transparencia ya tocó a los sindicatos.