Los participantes actuarán conforme a los incentivos que enfrentan, incluso cuando se trate de elegir a quienes integran la corte de constitucionalidad.
¡La campaña de Guatemala Visible acertó! Los guatemaltecos no queremos candidatos (o magistrados) mafiosos, partidarios, influenciables, nepotistas, negociadores y con vínculos al narcotráfico. ¿Cómo alcanzamos ese resultado? A veces esperamos que si los involucrados poseen una información completa y obran con inteligencia, racionalidad y altruismo, cosecharemos el deseado desenlace.
Algunos autoproclamados fiscalizadores de los procesos en el Congreso, el Colegio de Abogados, la Universidad de San Carlos, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo están insatisfechos con ciertos finalistas. Hasta el imprudente embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, mostró desprecio por la selección de unos magistrados. ¿Cabría concluir, entonces, que los electores de las entidades mencionadas son tontos, apáticos o corruptos porque los candidatos favorecidos no coinciden con el perfil ideal?
Eso parece opinar Iván Velásquez de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), si uno analiza las entrevistas que concedió a Siglo 21. Él esperaba que los votantes asumieran “con compromiso el papel que les corresponde”. ¿Cómo sabemos cuando alguien está comprometido? ¿Debe lealtad al proceso mismo, a unos principios enunciados o implícitos, a la línea programática de la CICIG, o a otro criterio? No podemos meternos en las cabezas ajenas para calificar sus mecanismos de toma de decisión. Podría lucir más sensato el plumazo impulsivo de Pablo que la deliberación estudiada de Fito. Adicionalmente, las elecciones agregan las preferencias disímiles de los electores, y no es cierto que las mayorías sean inadvertidamente sabias.
Velásquez ve estas dinámicas a través de unos lentes románticos, porque criticó el “gran derroche de recursos que de pronto se ven en las campañas” para los puestos llenados por el Colegio de Abogados. El jefe de la CICIG cree que “debía ser el acto democrático de elección, simple y pura de los abogados que se acercan a su colegio a depositar el voto por su candidato, sin más parafernalia...”. Solo gana una elección democrática quien saca la mayoría de votos. Si dos o más personas compiten por acceder a un único puesto, lógicamente harán campaña. Las reglas del juego obligan a los candidatos a preocuparse por su popularidad e imagen. Por otra parte, años de estudios universitarios y experiencia profesional no transforman a los abogados y juristas en votantes superiores. Como cualquier mortal, los abogados tienen mil cosas que hacer que rivalizan con un escudriño exhaustivo de la trayectoria de los contendientes. Se dejarán persuadir por frases, promesas y vallas. Lo que es más, serán “partidarios” al elegir al postulado que estudió en la misma universidad que ellos, o que comparte su ideología.
Es de esperar la conformación de facciones que compiten por hacerse del poder, precisamente porque el poder sirve para atender los intereses de los miembros de la propia facción. La búsqueda de rentas es producto de las reglas: cada magistrado titular y suplemente “representa” a un grupo o facción. Cuando la fiscal general Thelma Aldana pide a sus magistrados electos que se separen de quienes les apoyaron para responder únicamente a la Constitución Política, demuestra que entiende las presiones que se ciernen sobre los magistrados electos.
En otras palabras, la forma en la que organizamos la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad adolece de incentivos perversos y otros incentivos connaturales a las carreras competidas, definidas por la agregación de votos. ¿Existirán reglas para conformar la Corte de Constitucionalidad, más adecuadas para institucionalizar el anhelado Estado de derecho?