El asalto a la Corte de Constitucionalidad

Si hay una institución que muestre claramente la resistencia de las mafias a desaparecer, esa es la Corte de Constitucionalidad (CC).

Al menos cinco grupos se disputaron el derecho de picaporte en el máximo tribunal constitucional. No todos salieron victoriosos.

En el proceso de elección de magistrados, su control se la disputaron los cárteles que controlan la Universidad de San Carlos (Usac), su facultad de Derecho, y particulares que gravitan alrededor de estos procesos como Gustavo Herrera, Otto Samayoa, Roberto López Villatoro, el ex rector de la USAC Estuardo Gálvez y el abogado Freddy Cabrera, antiguo socio de Roberto López Villatoro y hoy su enemigo y adversario político (https://nomada.gt/freddy-cabrera-el-operador-que-espera-el-fallo-de-la-cc/ ).

Un rápido análisis de las vinculaciones de quienes resultaron electos da cuenta de cuáles de estos cárteles que trafican influencias en el Organismo Judicial (OJ), resultaron triunfadores.

Por ejemplo, en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la elección del magistrado Neftalí Aldana se logra gracias al apoyo de Gustavo Herrera y Otto Samayoa, en una gestión realizada por el abogado Freddy Cabrera. Aldana obtuvo 11 de 13 votos posibles. A la elección de Aldana probablemente abonó también la presunta vinculación entre el presidente de la CSJ Ranulfo Rafael Rojas y Herrera. Se dice que Rojas, cuando fue agente fiscal en el Ministerio Público (MP) supuestamente habría contribuido a estancar el proceso entablado contra Herrera por la estafa al Seguro Social durante el gobierno de Alfonso Portillo. Como retribución a este favor, Herrera logró que Rojas fuese electo para la CSJ.

A favor de Aldana se dice que no es percibido como corrupto en el CSJ, sino más bien como distraído y poco diligente. De él se asegura que nunca leyó ninguna de las resoluciones que le dieron para firma sus oficiales y se cuenta la leyenda de que en una oportunidad le dieron a firmar su carta de renuncia. Aldana, sin leerla, la signó.

En el Colegio de Abogados, el enfrentamiento fue desde el principio entre el grupo de Estuardo Gálvez, exrector de la USAC, Roberto López Villatoro y Avidán Ortiz Orellana/Bonerge Mejía Orellana. Gálvez impulsó a Héctor Hugo Pérez Aguilera; López Villatoro a Óscar Cruz; y Avidán Ortiz Orellana a su primo Bonerge Mejía Orellana. En la segunda vuelta entre Cruz y Mejía, Gálvez no apoyó explícitamente a nadie en tanto que Cabrera logró movilizar a los abogados del Organismo Ejecutivo a favor de Mejía.

Mejía, magistrado electo y anterior decano de la Facultad de Derecho de la USAC, y su primo Ortiz, actual decano en esa unidad académica, han desarrollado una amplia base de apoyo debido a haber facilitado la graduación de centenares de nuevos abogados. Graduaciones que no necesariamente, se dice, cumplen siempre con todos los requisitos académicos y presuntamente son también fruto de intercambio de favores.

En la Universidad de San Carlos, en el Consejo Superior Universitario –CSU- , el cártel que controla el actual rector Carlos Alvarado Cerezo, se movilizó a favor de su director jurídico Francisco de Mata Vela. A pesar de la tacha documentada en la que se evidenció el plagio en el que de Mata Vela incurrió en un libro de texto escrito por él, el CSU decidió no entrar a conocer las objeciones y votó de acuerdo a la voluntad del rector. Como dice CMI (https://cmiguate.org/el-consejo-de-usac-escoge-a-la-vieja-politica-ex-decano-senalado-de-plagio/) en un revelador y documentado reportaje sobre la elección y sus circunstancias : “En los pasillos del Consejo, enfriar las relaciones con el Rector se conoce como «la congeladora»: alejarse (o ser alejado) es equivalente a perder poder. Y en esta ocasión, como en la votación del Consejo en 2011, pasó lo mismo. El voto del Rector fue base para el resto de votos. No importaba que votara al inicio o al final. Los votos siguieron ese mismo patrón”.

El Rector es el que decide presupuestos, pero además reparte prebendas y canonjías en la forma de nombramientos para comisiones que implican un sustancial sobresueldo para decanos, representantes de los colegios profesionales y delegados estudiantiles. Enfrentarse al Rector es perder estas prestaciones.

En la elección de Dina Ochoa por parte del Presidente, también entró en juego el abogado Cabrera, quien cabildeó a favor de ella. En el Ejecutivo, a diferencia de lo que sucedió en la Corte Suprema de Justicia, en donde Cabrera junto con sus patrocinadores Otto Samayoa y Gustavo Herrera se llevaron el pastel completo, aquí debieron compartirlo con Andrés Botrán, influyente asesor del Presidente y actual Comisionado Presidencial para la Reducción de la Desnutrición Crónica. Botrán encabeza la junta directiva del ingenio Santa Ana y logró que su abogado Henry Comte fuese el ungido presidencial para la magistratura suplente. Con Comte, Botrán tiene un segundo alfil en sitios influyentes. El otro que le debe su cargo es el ministro de Energía y Minas, José Pelayo Castañón.

Vemos entonces que en la composición de la Corte de Constitucionalidad incidió un grupo financiado por Gustavo Herrera y Otto Samayoa y cuyo operador visible es el abogado Freddy Cabrera. A este cártel le deben su cargo los magistrados suplente y titular de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada titular nombrada por el Presidente y, de manera parcial, el magistrado titular del Colegio de Abogados, postulado por el grupo que controla la Facultad de Derecho de la USAC. Y en segundo término, el rector de la USAC.

Han perdido en esta oportunidad influencia el exrector Gálvez, López Villatoro y el ala tradicional del sector privado organizado (CACIF). Esta última entidad tendrá una influencia limitada al magistrado suplente del Ejecutivo, Henry Comte, quien es miembro del consejo fiduciario de FUNDESA (Fundación para el Desarrollo).

El Rector es el que decide presupuestos, pero además reparte prebendas y canonjías en la forma de nombramientos para comisiones que implican un sustancial sobresueldo para decanos, representantes de los colegios profesionales y delegados estudiantiles.