¿Cuál es el debate de fondo?
Foto: Dafne Pérez/ContraPoder
Artículo 43. Pena de muerte. La pena de muerte, tiene carácter extraordinario y sólo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará, sino después de agotarse todos los recursos legales. No podrá imponerse la pena de muerte:
1. Por delitos políticos;
2. Cuando la condena se fundamente en presunciones;
3. A mujeres;
4. A varones mayores de setenta años;
5. A personas cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición.
En estos casos y siempre que la pena de muerte fuere conmutada por la de privación de libertad, se le aplicará prisión en su límite máximo.
En Guatemala el artículo 43 del código penal contempla la pena de muerte. ¿Qué fundamenta el debate coyuntural? El argumento de que la pena de muerte es un disuasivo ante la violencia homicida en el país es superficial. La violencia homicida es un tema más complejo que una relación hecho delictivo-pena capital. No existe evidencia contundente que sugiera que la pena de muerte per se resuelva los problemas de violencia homicida en el país. De hecho, estudios muestran que en EUA no es un disuasivo, por ejemplo. Los Estados que la aplican, presentan más altos índices de violencia homicida que los que no la contemplan.
¿Qué es exactamente lo que se está pidiendo en Guatemala relativo a la #PenaDeMuerte? ¿Ejecuciones públicas? ¿Revisar la legislación? ¿Masacrar masivamente a quienes hoy ocupan cárceles? Creo que el discurso alrededor del tema tal y como está en el debate nacional, se sustenta en fundamentos poco sólidos y se presta a muchas lecturas y confusiones.
Aquí algunas preguntas para alimentar el debate:
¿Refleja la pena de muerte realmente justicia restaurativa o es más bien una medida de venganza? Con una débil institucionalidad, ¿cómo se garantiza que el Estado no sea un mero ejecutor de personas que atentan contra agendas paralelas que capturan a instituciones imponiendo su cuota de poder? Hoy puede ser la extrema derecha, mañana la extrema izquierda y pasado mañana el capricho de alguna fundación o un grupo poderoso. Un Estado débil como verdugo constituiría un peligro para la libertad y los derechos inherentes a la persona humana. Pienso, sin embargo que, en el contexto guatemalteco, lo que clama la ciudadanía es justicia, una sociedad no violenta y la reducción de la delincuencia. Ojalá la convivencia armónica.
La violencia y delincuencia en Latinoamerica en general y en Guatemala en particular es un debate más complejo que la discusión de la pena de muerte. Es motivada por muchos más factores (individuales, familiares, economicos, políticos, institucionales, entre otros), como la impunidad, la salud mental, una sociedad mayoritariamente pobre, profundamente dividida y desigual; cuotas de poder concentradas en pocos manos, un sistema social, político y económico aún corrupto y con tráfico de privilegios. También una cultura de autoritarismo y una historia aún reciente de conflictos armados y guerra interna, economía ilegal rampante (como el narco y trata de personas), así como causas estructurales que reproducen pandillas, sicariato e impunidad. El caldo de cultivo idóneo para una sociedad disfuncional.
¿Se pretende solucionar el problema de la violencia ejecutando a muchas personas con inyección letal? ¿Veríamos cada semana filas de personas entrando a dicha cámara por los atentados a pilotos de buses, por ejemplo? ¿Será rápido y expedito un proceso que condene a alguien a la pena capital o se está pensando en tribunales de fuero especial? ¿Y si son menores de edad? ¿Y si son mujeres o adultos mayores de 70 años? ¿Se pretende reformar la ley contraviniendo lo que estipula el artículo 43 del código penal? Sinceramente, lo dudo, a menos que el país busque ostracismo político y comercial a nivel internacional.
Más aún, ¿se reduciría la violencia con empezar a ejecutar a “enemigos del sistema”? No lo creo. El sicario sabe que hoy mata o lo matan; por lo tanto, si a pena de muerte como disuasivo vamos, ésta existe de hecho en las calles con la ausencia del Estado y en un contexto de rampante impunidad.
Quienes claman por la pena de muerte les debería incomodar ver cómo el Estado hoy favorece a reos con privilegios que salen de la cárcel y gozan de impunidad.
Les debiera incomodar que existan privilegios dentro de la misma cárcel, como los de la exvicepresidenta Roxana Baldetti. Cárceles "VIP”, como la del expresidente Otto Pérez y otros exfuncionarios. Cárceles tomadas por pandillas y manejadas autocráticamente en total impunidad.
¿Es ese el contexto institucional ideal para ejecutar delincuentes? ¿Con raquíticas instituciones y un débil Estado?
En realidad esa corrupción e impunidad, al ser trasladadas a un Estado con autoridad para matar, estaría dándole luz verde a políticas de miedo y temor en la población civil.
La pena de muerte no es una respuesta binaria. Personalmente me inclino más a evitarla y atacar más bien las causas de la violencia homicida. Actualmente, el Código Penal la contempla como último recurso según el contexto del delito, habiendo agotado todas las instancias y procesos.