El Ministerio de la Defensa puede gastar su presupuesto a su antojo, elegir a dedo a sus proveedores y ocultar los ingresos que obtiene de negocios como la Industria Militar. Casi 20 años después de la firma de los Acuerdos de Paz, el Ejército de Guatemala es todavía una institución privilegiada y opaca, de la cual solo se conoce lo que ella misma está dispuesta a mostrar.

*Esta nota fue publicada el 20 de febrero de 2015, en el número 92 de la revista impresa.

Los funcionarios más veteranos del Ministerio de Finanzas recuerdan cómo eran las relaciones con el Ejército durante los gobiernos militares de los años 70 y 80 del siglo pasado.  Los hombres de uniforme estaban instalados en el ministerio, tenían allí una oficina y puntualmente, el 30 de cada mes, se presentaban en la Tesorería Nacional con sus maletines vacíos. Si Finanzas no había recaudado el dinero suficiente entre los contribuyentes para comprar medicinas o pagar a los maestros, ese era su problema. Los hombres de uniforme, en tiempos de guerra, eran prioritarios. Por eso, siempre el 30 de cada mes un grupo de oficiales del Ejército salía por la puerta del edificio de Finanzas de la zona 1 con maletines llenos de dinero en efectivo.

No es que esta situación fuese un secreto. Era legal. En aquella época los fondos públicos se movían en efectivo o mediante cheques sin apenas controles. No fue hasta finales de los años 90 cuando la rendición de cuentas comenzó a ser una preocupación real. Las instituciones del Estado se adaptaron, cada vez más, a controles y procesos que exigen rigor y transparencia en el uso de los fondos. Todas, menos el Ejército.

En la actualidad, los militares no salen con maletines del Ministerio de Finanzas, pero siguen protegidos por un manto de opacidad, en esencia, muy similar. No es casualidad que el Ministerio de la Defensa haya protagonizado algunos de los desfalcos más importantes de fondos públicos de la historia reciente. Han construido un sistema que lo facilita.

En los viejos tiempos, los salarios de los militares se pagaban en efectivo. Hoy, Finanzas traslada directamente el dinero a cuentas bancarias, pero el Estado no conoce, por ejemplo, cuántos efectivos hay en el Ejército. Defensa no utiliza el sistema Guatenónimas, el cual permite a Finanzas controlar el pago de planillas en las instituciones públicas. Los militares tampoco publican el listado de sus empleados como están obligados a hacer el resto de ministerios.

Hay que confiar en la palabra del Ejército que en la actualidad afirma contar unos 23 mil 500 efectivos, según informó el vocero de la institución, el coronel Ismael Cifuentes. Si hay personas que reciben más de un salario o empleados que cobran pero no trabajan, es imposible verificar.

La planilla representa en torno al 60 por ciento del presupuesto anual del Ejército. El 40 por ciento restante, una suma que en los últimos tres años ha rondado los Q600 millones anuales, también se gasta de una manera poco transparente.

La actual Ley de Compras y Contrataciones, aprobaba en 1992, en su Artículo 44, exime en exclusivo al Ejército de su cumplimiento y pese a las sucesivas reformas a las que ha sido sometida esta norma, la excepción sigue intacta. El Ejército ni siquiera está obligado a cotizar con diferentes proveedores cuando adquiriere un bien. Simplemente puede elegir a quién compra y así Q600 millones anuales se reparten a dedo.

Este privilegio no es el único que conservan los uniformados. Es frecuente que ministros o altos funcionarios peregrinen al Ministerio de Finanzas o al Congreso para pedir que se les transfieran fondos. A veces, incluso, van más lejos. A finales de 2014 la Corte Suprema de Justicia llegó a denunciar al Ejecutivo solo para recibir su asignación presupuestaria garantizada en la Constitución.

Esto es algo que jamás tiene que hacer Defensa. El Ejército siempre ejecuta más del 95 por ciento de su presupuesto. Aunque los contratistas del Ministerio de Comunicaciones den por hecho que no cobrarán por sus trabajos antes de un año, los militares saben que su dinero estará listo el 30 de cada mes.

Una gran caja chica

Foto: Luis Soto/ContraPoder

Cada vez que una institución del Estado decide comprar algo, un largo proceso burocrático se echa a andar. Todas las instituciones tratan de obviar este proceso, pero ninguna lo consigue de manera efectiva como el Ejército. Si el resto de la instituciones deben primero justificar una compra, después realizarla y por último pedir el dinero a Finanzas, el Ministerio de la Defensa funciona a la inversa. Primero reciben el dinero y después compran y pagan al instante. Para poder hacer esto, el Ejército se ampara en una poderosa figura financiera llamada “caja chica”.

Las cajas chicas existen en todas las instituciones del Estado y en la mayoría de empresas. Su propósito es agilizar pequeños gastos con el fin de que no sea necesario realizar un proceso de compra para adquirir una silla. El espíritu de las “cajas chicas” es ser “chicas”, precisamente. Por eso, el Ministerio de Finanzas las regula y establece que no se deben utilizar para ejecutar más del cinco por ciento del presupuesto total de una institución o que no se pueden  emplear, por ejemplo, para comprar un vehículo.

Al Ejército, sin embargo, Finanzas le permite omitir estos límites. Defensa, de hecho, gasta así todo su presupuesto, salvo los salarios. En 2014 la caja chica ascendió a Q600 millones, un 30 por ciento de su presupuesto.

ContraPoder no pudo hallar una base legal que justifique este privilegio. El viceministro de Finanzas, Edwin Martínez, reconoció que es algo que “viene de hace muchos años, cuando se le daba preeminencia al Ejército”.

El Ministerio de la Defensa, al ser cuestionado a través de su vocero, remitió como base legal el reglamento de cajas chicas de Finanzas. El portavoz de la fuerza armada justifica este privilegio con la normativa que justamente lo prohíbe.

Agujero Negro

Foto: Luis Soto/ContraPoder

Las cajas chicas son “revolventes”, es decir que una vez que se gastan, Finanzas las renueva. De esta forma, el Ejército puede contar con todo su presupuesto sin tener que rogar por él. Además, al ejecutar así sus gastos no deja rastro en la contabilidad del Estado de qué bienes adquiere ni quiénes son sus proveedores. Solo se ve reflejado el gasto en sí mismo, pero nada más.

Las compras del Ejército solo se conocen porque la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todas las instituciones a difundir de oficio los contratos que celebran. Pero Defensa incumple esta ley. El Ejército difundió entre 2012 y 2014 contratos que suman Q386 millones, sin embargo, en ese período Defensa gastó a través de sus cajas chicas más de Q1.7 millardos. Hay decenas de contratos cuya existencia niega el Ejército.

Por ejemplo, en 2013, la Industria Militar, una dependencia de Defensa, invirtió Q15 millones en maquinaria para fabricar botas. Debió existir un contrato, pero el Ejército negó a ContraPoder su existencia cuando se solicitó a traves de la Ley de Acceso a la Información Pública. En este caso, ni siquiera se conoce el nombre del proveedor.

El Ejército también está obligado a subir al sitio de Internet de transparencia Guatecompras sus compras inferiores a Q90 mil, pero de nuevo incumple. Esta situación es flagrante en la compra de alimentos. Entre 2013 y 2014, Defensa erogó Q288 millones en comida para sus efectivos. Sin embargo, solo publicó dos contratos por un valor total de Q3 millones y subió a dicho portal compras directas por Q33 millones. En otras palabras, en los últimos dos años en la provisión de alimentos existe un agujero de Q252 millones cuyo destino se desconoce.

ContraPoder solicitó al Ejército, a través de su oficina de Acceso a la Información Pública, las facturas que pagaron en un mes cualquiera. Sin embargo, negaron dichos datos bajo el argumento de que no existe la información.

Pese a los precedentes de grandes desfalcos ocurridos en la institución, como el saqueo de fondos ocurrido durante la presidencia de Alfonso Portillo, que pudo superar los Q500 millones, el Ejército es aún una institución donde Q252 millones desaparecen sin dejar rastro.

El supermercado militar

Foto: Luis Soto/ContraPoder

Al carecer de supervisión del Ministerio de Finanzas, el Ejército tiene vía libre para adquirir una gran cantidad de bienes sin que alguien cuestione su propósito o su pertinencia.

ContraPoder accedió a un inventario del equipo comprado por el Ejército entre 2012 y 2014. Este listado, de más de 17 mil productos, evidencia que Defensa dedicó unos Q90 millones a adquirir vehículos y equipo militar para las cuatro nuevas brigadas que se crearon durante el gobierno actual. Pero también revela que el Ejército aprovechó la bonanza presupuestaria de la que ha gozado durante el mandato de Otto Pérez –entre 2012 y 2015 se incremnentó su presupuesto un 19 por ciento– para gastar otros Q90 millones en artículos que, como queda patente al revisar el inventario, no son esenciales para cumplir su misión.

En los últimos tres años, mientras Finanzas restringía la compra de vehículos como una medida de austeridad, el Ejército compró 23 Toyota Prado, Land Cruiser y Fortuner para el alto mando. Cuatro de estos vehículos son blindados. Costaron Q8 millones.

Los militares también compraron 233 televisores de plasma de 32 y 42 pulgadas, 156 aparatos de aire acondicionado, más de 700 computadoras, incluyendo 140 laptops;  128 refrigeradores, 27 caballos, máquinas de ejercicio para llenar un gimnasio y un largo ecétera: muebles, instrumentos musicales o aparatos de sonido.

Además, la Industria Militar erogó Q15 millones para renovar la maquinaria para producir botas –que después venden a entidades públicas y privadas– y el Centro Médico invirtió Q7 millones en nuevos equipos.

Al comprar todos estos bienes a través de las cajas chicas, Finanzas tampoco pudo cuestionar la experiencia de los proveedores. La Fábrica de Municiones del Ejército, por ejemplo, compró materiales por Q8 millones –15 toneladas de pólvora y 9 toneladas de latón– a una constructora de obra civil llamada Arquinco sin relación con esta clase de productos. Esta misma dependencia militar adquirió 14 toneladas de latón por Q1.4 millones a un provedor, Comercializadora CEC, una sociedad anónima cuya única experiencia previa con el Estado es proveer canastas de Navidad.

Otra dependencia del Ejército, no identificada, firmó un contrato de Q600 mil para hacerse con 100 mil balas nueve milímetros con una empresa llamada Novedades Publicitarias. Esta compañía no figura entre las autorizadas para vender armas en la base de datos de la Dirección General de Armas y Municiones, una institución que forma parte del propio Ejército. 

“Ellos tienen la discreción para comprar lo que quieran a quién quieran. Nosotros no podemos hacer nada al respecto”, dijo el viceministro de Finanzas, Edwin Martínez.

Un negocio privado

Presidente Jimmy Morales, en el saludo al Ejército y nombramiento de comandante general de las Fuerzas Armadas, el 15 de enero de 2016. Foto: Luis Soto/ContraPoder

El Ejército no solo escapa a la fiscalización de sus gastos, también cuenta con impunidad para ocultar una parte de sus ingresos. El Ministerio de la Defensa recibe dinero por participar en las misiones de paz de Naciones Unidas, también le cobra a las empresas públicas portuarias por patrullar en sus aguas, a los alumnos de los institutos Adolfo V. Hall o a los pacientes del Centro Médico Militar. Todos los fondos que obtienen por estas vías, alrededor de Q100 millones anuales, los militares los incluyen en su presupuesto y Finanzas solo conoce su existencia porque ingresan en el sistema de contabilidad del Estado.

Sin embargo, hay una dependencia, la Industria Militar, que a pesar de ganar millones no deja rastro de sus beneficios. Esta fabrica los nuevos uniformes de la Policía, importa pelotas para el Ministerio de Cultura y provee las botas que usa la mayor parte de los guardias privados del país. Es un negocio próspero que en los últimos tres años firmó contratos con entidades públicas por Q480 millones.

En teoría, la Industria Militar no está facultada por su reglamento para generar dividendos, debe operar solo para cubrir sus costos. Pero si cumple o no esta normativa es un enigma. La Industria Militar simplemente oculta su información financiera.

ContraPoder solicitó a esta entidad sus contratos y contabilidad. En un escrito firmado por el ministro de Defensa, el general Manuel López Ambrocio aseguró que no proporcionaba la información por ser de “carácter privado” y “confidencial”.

En 2012, la Contraloría General de Cuentas intentó fiscalizar a la Industria Militar, pero se negaron. Como consta en el informe anual de la Contraloría de ese año, dicha dependencia alegó que solo se somete a la Auditoría Militar de Cuentas, cuyos auditores son nombrados por el propio ministro a quien deben fiscalizar.

Durante dos meses, en el final del mandato de Nora Segura, ContraPoder trató de obtener una opinión de la Contraloría sobre la negativa de la Industria Militar a ser fiscalizada, pero no hubo respuesta. También se buscó a los auditores que la Contraloría tiene instalados en el Ejército de manera permanente para solicitar un comentario sobre los hallazgos de esta nota, pero se negaron a ofrecer declaraciones.

La Contraloría es la única institución facultada para fiscalizar al Ministerio de la Defensa. Sin embargo, prefieren guardar silencio.

Opacidad

Presidente Jimmy Morales saluda al Ministro de Defensa, Williams Mancilla, en su juramentación como comandante general de las Fuerzas Armadas, el 15 de enero de 2016. Foto: Luis Soto/ContraPoder

Para la realización de esta nota ContraPoder realizó ocho solicitudes respaldadas en la Ley de Acceso a la Información Pública. Todas fueron rechazadas o atendidas de manera parcial, pese a que solamente se solicitó información que el resto de ministerios difunde de manera rutinaria. ContaPoder también realizó dos entrevistas al único oficial del Ejército autorizado para hablar con la prensa, el vocero coronel Ismael Cifuentes. Siempre respondió con monosílabos:  –”sí”, “no”, “ajá”– o evasivas como “no estoy facultado para darle una respuesta” o “estoy tomando nota”.

El Ejército tiene fama de eficiente. A diferencia de otras instituciones que se vacían y vuelven a llenar cada cuatro años, el Ministerio de la Defensa  cuenta con personal estable que conoce bien su cometido. Las solicitudes de acceso a la información pública siempre se responden en un plazo menor al estipulado, algo extraordinario en la mayoría de ministerios. Pero sin respuesta de fondo.

En el Ejército todos saben a quién recurrir cuando se les pide algo. Si no colaboran es porque no quieren o porque, quizás, hasta el momento, nadie les ha obligado a hacerlo.