Una coalición de grupos de interés de diversos pelajes se moviliza en estos días para impedir reformas al sistema político y garantizar la impunidad.
Argentina, durante el gobierno del general Leopoldo Galtieri afrontaba una severa crisis económica. A pesar del control represivo que ejercía la dictadura militar en los meses de marzo y abril del caótico 1982, ya se habían registrado cinco grandes protestas en las que la sociedad argentina expresaba su desagrado con el régimen.
Ante la caída del producto interno bruto y el alza de la inflación, lo único que se les pasó por la mente a Galtieri y sus compañeros de Junta Militar fue invadir las islas Malvinas. Crear una crisis mayor para distraer la atención de la que se vivía y apostarle a una victoria rápida que no llegó, para despertar un fervor patrio que anestesiaría la necesidad de cambios. Con ese entendimiento tan rudimentario no previeron la reacción británica, la consiguiente derrota que al final aceleraría la caída del régimen y remarcaría la condición de parias sociales de las Fuerzas Armadas argentinas.
En Guatemala –salvando las distancias– se empiezan a notar movimientos con intenciones similares a las de la dictadura militar argentina, cuando emprendió su descabellada aventura en las Malvinas. Aquí no se trata de invadir, sino de neutralizar agentes internos de cambio y de crear una crisis de seguridad para defender al orden establecido. Aquí no es una iniciativa solitaria del estamento militar, sino una extraña convergencia de grupos de interés del más diverso pelaje. Sus finalidades inmediatas: inutilizar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y al Ministerio Público (MP), desprestigiarlos y desprestigiar a quienes apoyan la acción antiimpunidad de estas instituciones. Al hacerlo se desea proteger a quienes han sido investigados y encausados, y proyectarlos como víctimas de una acción ideologizada que nada tiene que ver, en esta óptica, con la justicia y la reconciliación. Estos grupos, en un momento de gran preocupación de Estados Unidos por el colapso de los Estados del triángulo norte centroamericano, desean, so pretexto de defensa de la soberanía, promover el aislamiento del país. Y de paso, con todo esto, desviar la atención del gobierno que se perfila como incompetente.
El ataque no fue a un solo blanco, como lo hizo el Ejército argentino en las Malvinas, sino a una variedad de entes que tienen incidencia directa o indirecta sobre la supervivencia de la impunidad. Primero fue el Congreso de la República, en donde se erigió una bancada y luego una coalición de partidos, que garantizan el bloqueo de iniciativas estratégicas para el cambio. El primer efecto de esto ha sido emascular las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con lo cual se asegura la existencia de una partidocracia no sujeta a fiscalización ni a exigencias democráticas y, encima, vendible al mejor postor.
En segunda instancia, militares, exmilitares, grupos económicos emergentes y agentes del sector empresarial tradicional se unieron para hacer elegir a cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes que tienen la clave para detener en la Corte de Constitucionalidad, procesos que les afecten.
La tercera línea de acción ha sido estimular acciones de violencia que, en el limitado horizonte cognitivo de la política que tiene la mayoría de los guatemaltecos, reclamen el traslado de la seguridad ciudadana al Ejército.
Finalmente, la cuarta línea ha sido darle un bofetón al embajador Todd Robinson. Iniciativa de dudoso impacto, dada la prioridad estratégica que tiene para Estados Unidos limpiar la corrupción para hacer que el Estado guatemalteco funcione. Para ello reclutaron a un hábil diplomático conservador, Nicholas Thevenin, el nuncio apostólico. Thevenin, exsecretario personal del cardenal Tarcisio Bertone y prelado de antecámara de Benedicto XVI, no es ajeno a la intriga palaciega y ha visto en Jimmy Morales un aliado estratégico para descarrilar todas aquellas iniciativas que promueven en Guatemala la sexualidad informada.
Así las cosas, como Galtieri desvió la atención de una crisis real con la creación de otra crisis mayor, de esa misma forma los estrategas del inmovilismo han coincidido en generar violencia urbana y escándalos mediáticos, como el del nuncio, para desviar la atención de los pasos que se dan para entrampar al Organismo Judicial y para preservar el statu quo en la política partidista. Una crisis artificial con la que aparentemente se pretende descalificar las acciones de la CICIG y el MP para civilizar la seguridad ciudadana y retornarla al control de militares y exmilitares.
Vamos a ver si, como sucedió en Argentina, este remedo de ataque a las Malvinas no termina por acelerar la ruina del viejo régimen.