Los bombazos han puesto la seguridad ciudadana de nuevo en agenda.
Han sido dos meses difíciles para el Presidente Jimmy Morales y su bancada, Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). El desgaste ha sido acelerado para un partido que llegó al Congreso con solamente 11 diputados. Sin embargo, los hechos de violencia suscitados durante las últimas semanas, en especial los ataques con bombas a comercios y transporte público, podrían abrir una oportunidad para que el oficialismo se congracie con su electorado.
El desgaste del partido oficial inició cuando aceptó la integración de diputados muy criticados por su cercanía con Otto Pérez Molina y Manuel Baldizón. A pesar del rechazo ciudadano, el partido mantuvo la estrategia, al punto que llegó a ser la primera fuerza del Congreso durante unas horas. Esto le permitió convertirse en una especie de “oposición oficial” que bloqueó momentáneamente la reforma de la Ley del Ministerio Público. Dicho movimiento también fue causa de desgaste para la bancada y para el presidente Morales.
Hasta el momento, el oficialismo ha tenido que desempeñarse en un contexto político legado del 2015, en el que los temas centrales de agenda han sido las reformas del Estado y la lucha contra la corrupción. La falta de un plan de acción en esos frentes ha debilitado la imagen del partido, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Sin embargo, los ataques con bombas a unidades de transporte público y a comercios podrían modificar considerablemente el tablero político.
En primer lugar, los bombazos han puesto la seguridad ciudadana de nuevo en agenda. Luego de ser el tema central en la campaña de 2011, perdió interés, al punto que según varias encuestas, ya no era la preocupación número uno de los ciudadanos. Los asuntos de tipo económico se convirtieron en la principal fuente de intranquilidad para los guatemaltecos. Luego, la corrupción se adueñó de la atención mediática durante el 2015 y ha permanecido hasta ahora. Esto podría cambiar. En un contexto de inseguridad, las reformas al Estado y la lucha contra la corrupción podrían pasar a un plano secundario.
Segundo, los hechos de violencia generan reacciones en los individuos, que luego se traducen en demandas de políticas de Estado. Los ciudadanos, temerosos del crimen, tienden a demandar castigos severos a los criminales. Se solicita por ejemplo, el incremento de las penas, castigar a menores de edad como adultos y, principalmente, la aplicación de la pena de muerte. Todas estas políticas forman parte de un concepto ya conocido por nosotros: “la mano dura”.
En este nuevo escenario, en el que la seguridad se posiciona como preocupación principal, el FCN-Nación y el presidente Morales podrían tener una ventaja comparativa. Ambos actores han mostrado una posición favorable hacia la aplicación de la pena de muerte y estarían dispuestos a introducir una discusión en el Congreso. La postura del oficialismo podría incrementar su popularidad entre los ciudadanos, mejorando así su imagen desgastada durante los últimos dos meses.
La estrategia de Morales y su partido podría ser exitosa, en cuanto a índices de popularidad se refiere. Sin embargo, en términos de efectividad de la política pública, la aplicación de la pena de muerte podría ser una solución simplista. Para disminuir los índices de delincuencia y el crecimiento de las pandillas hace falta más que aumentar la severidad del castigo. Políticas de prevención, así como la reforma al sistema de justicia y penitenciario son condiciones necesarias. Proponer soluciones cortoplacistas no producirá ningún cambio sustancial. Si no, recordemos lo qué pasó con Otto Pérez Molina y la mano dura.