Un investigador danés me mostró, en 2007, las estimaciones de carga tributaria que su país tendría al llegar el 2040: 60 por ciento del producto interno bruto (PIB).
En 2006, el pago de impuestos ya representaba el 50 por ciento. Entonces discutíamos sobre las diferencias y similitudes entre Centroamérica y Escandinavia. Entre las semejanzas, ambas regiones se caracterizan por tener países pequeños en términos relativos a su población.
Obviamente, entre las diferencias que saltan a la vista está el abordaje del desarrollo económico. Mientras las economías centroamericanas han tratado de compensar su pequeñez económica con una competitividad basada en la competitividad de pocos productos agrícolas y la exoneración del pago de impuestos a ciertos sectores, los escandinavos desarrollaron una estrategia de crecimiento basada en un régimen de bienestar social universalista y generoso.
El éxito social del modelo escandinavo se ha debido, en buena medida, a la democratización de las decisiones sobre el rol del Estado. En 1930, la carga tributaria de Dinamarca equivalía al 12 por ciento del PIB, mientras la guatemalteca rondaba el 6 por ciento.
En Escandinavia las alianzas entre trabajadores urbanos y rurales con pequeños productores reconfiguraron el poder. La influencia de las clases bajas en el ascenso de la social democracia, trajo consigo compromisos de clase, asumidos por trabajadores y, en algunos casos, también por la burguesía. En ese sentido, mientras los escandinavos pasaban de Estados con leyes débiles y la utilización de la filantropía a la extensión de los derechos humanos (1919-1950), Centroamérica consolidaba el reino de las oligarquías con un brevísimo período de democracia y reforma social (1940-1950).
En las siguientes dos décadas, Escandinavia transitó por la edad de oro del bienestar, mientras que en Centroamérica imperaban los dictadores y los conflictos armados que trajo la Guerra Fría.
En la crisis de los años ochenta, el modelo escandinavo reafirmó su carácter cooperador. Centroamérica, por su parte, se abría comercialmente, privatizaba lo público y aumentaba la informalidad en el trabajo.
La élite agroindustrial se convirtió en una clase decisiva, que se hizo cargo del sector financiero y de nuevos sectores económicos. En la historia de Centroamérica nunca hubo una división entre la élite terrateniente y la burguesía industrial, por lo que no fue posible pasar de relaciones casi feudales a relaciones más modernas en lo económico y en lo político.
La época de dictaduras militares y guerras civiles se acabó para dar paso a democracias que han tenido que subsistir atendiendo las ideas neoliberales que han recortado más las posibilidades de acción e impacto de lo público.
Si no se rompe con el pasado, es imposible avanzar. Al escuchar nuevamente la idea de que “no es momento para hablar de impuestos”, lo que observamos es ese discurso añejo y utilizado por quienes han estado acostumbrados a poner lo público a su exclusivo servicio.
Esa frase ha impedido a Guatemala, y a Centroamérica, encontrar equilibrios entre el apetito del mercado y las obligaciones de la vida en sociedad. Esa expresión, que apuesta por la discriminación, la desigualdad y la pobreza, es hoy en día un enunciado que va en contra de una ciudadanía que ha exigido, desde abril, un Estado al servicio de todos y no de una camarilla empresarial, política o sindical.
Haciendo simples números, mientras Guatemala no alcance una recaudación tributaria equivalente al 18-20 por ciento del PIB, es imposible pensar en bienestar, desarrollo, competitividad o democracia.
Por supuesto, esos recursos deben servir también para mejorar la gestión pública y elevar la cobertura y calidad de los bienes y servicios que ofrece el Estado. Por lo anterior, es tiempo de que la sociedad exija la discusión de una agenda fiscal para el mediano plazo: nuevas aspiraciones, con nuevas responsabilidades para todos.