El nombramiento de los nuevos jefes de la Dirección de Inteligencia Civil generó un debate público importante el pasado fin de semana.
Helen Mack dio la voz de alerta inicial, al indicar que el nuevo subjefe de Inteligencia Civil se encontraba cuestionado por sus antecedentes de participación durante el conflicto armado, ya que en algunas investigaciones de organismos de derechos humanos se le considera un operador de grupos clandestinos de secuestro, tortura y ejecución extrajudicial.
Otros defensores de derechos humanos se hicieron eco de las declaraciones de Helen Mack, y horas después el empresario José Ruben Zamora actuó de vocero no oficial de la Embajada de Estados Unidos expresando la molestia de dicha misión diplomática frente al nombramiento.
Adicionalmente el director de este medio, Juan Luis Font, escribió una columna publicada en la versión digital de ContraPoder indicando que el nombramiento del subdirector de Inteligencia Civil era el primer strike del presidente electo Jimmy Morales.
Para ser precisos, fue el segundo strike del presidente Morales. El primero fue la defensa del jefe del equipo económico acusado, con evidencia material incontestable, del plagio de artículos académicos en la Universidad de San Carlos. Pero más allá de los comentarios deportivos, vale la pena reflexionar sobre este episodio político desde varios ángulos.
En primer lugar, es claro que los medios y la opinión ciudadana hoy juegan un papel determinante a la hora de juzgar la idoneidad o no de los nominados para ejercer cargos públicos. El músculo de la voz pública se ha desarrollado mucho este año, y los políticos han aprendido a temerle.
Se trata de un poder que, como todos los poderes, debe estar sujeto a balances y chequeos. Sobretodo controles de carácter ético profesional, porque un poder mediático y de opinión pública sin autocontroles éticos también puede ser la antesala para grandes abusos.
Aunque nuestra legislación no lo reconozca, nunca debemos olvidar un derecho humano esencial: el derecho a la honra y a la dignidad. Si bien el juicio mediático no debe convertirse en una práctica abusiva, es claro que en este caso hay una preocupación legítima sobre quién se hace cargo de la inteligencia civil. Y como bien señalara Helen Mack, un antiguo coordinador de operaciones contrainsurgentes levanta las cejas a cualquiera y plantea dudas razonables sobre su juicio ético a la hora de asumir una posición pública, que implica tener claros los límites entre el poder estatal y los derechos ciudadanos.
Y la pregunta obligada cae por su propio peso: ¿en qué pensaban el presidente electo, el presidente Maldonado y la ministra de Gobernación cuando les pareció que se trataba de un nombramiento idóneo para ese cargo tan delicado?
Lo que sea que hayan pensado, parece que se olvidaron de que en este país el terrorismo fue una práctica común del Estado. Y el terror estatal es una pesadilla que los guatemaltecos no queremos volver a vivir.
El riesgo existe toda vez que se nos olvida de dónde venimos y pensamos, ingenuamente, que nuestros peores fantasmas no nos persiguen aún. Lamentablemente, esos fantasmas no nos abandonarán mientras seres humanos de carne y hueso nos recuerden los horrores del pasado.
El presidente electo dijo en su campaña que la presencia de extremistas en su partido no debería ser motivo de temor porque el Frente de Convergencia Nacional-Nación había cambiado, y él tenía el control de su movimiento político.
Esta vez nos ha dado pruebas de que los temores de algunos estaban plenamente justificados. En vez de inspirarnos mirando hacia delante, el presidente electo nos ha hecho recordar que el pasado aún vive entre nosotros.
¿Pasaremos de la comedia de la campaña a la tragedia del gobierno? Esperemos que no. Y en todo caso, que Dios nos coja confesados.