El 75 por ciento de los gastos que se contabilizan en el país, para enfrentar y prevenir la violencia es asumido por personas particulares y por empresas. Ante la escasa inversión del Estado, cada uno se cuida como puede.
Ocho de cada diez guatemaltecos aseguran que, en el último año, invirtieron dinero para reponer o reparar bienes dañados por hechos violentos.
Los resultados se desprenden de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Violencia Armada, realizada por la organización suiza Small Arms Survey. Esta también mostró que el 31 por ciento de los guatemaltecos encuestados incurrió en gastos para mejorar su seguridad. En la capital este porcentaje aumenta a un 42.5 por ciento.
Guatemala gasta US$7 mil 120 millones en un año para contener la violencia, según el Índice Global de Paz del Instituto para la Economía y la Paz de 2014. Esa cifra equivale al 8.7 por ciento de su producto interno bruto (PIB) y a la inversión de US$470 por persona. El país es el sexto que más invierte en seguridad en América Latina, antecedido por México, Colombia, Venezuela, El Salvador y Honduras.
Los cuatro rubros que contempla el ranking de costos de contención de la violencia en el mundo, incluidos en ese índice, son: inversión gubernamental, sector privado, costos de personas y otros gastos relevantes. El más alto es de los particulares, quienes gastan US$2.8 millardos anuales y que equivalen al 3.54 por ciento del PIB de Guatemala. Le siguen las empresas, que destinan US$2.4 millardos (3 por ciento del PIB) y el Gobierno, que solo desembolsa el 1.99 por ciento (US$1.6 millardos). El resto (0.18 por ciento), lo constituyen otros gastos.
Guatemala se ubica en la posición 28 de 162 países evaluados por el índice global. Su inversión en seguridad va en detrimento de inversiones en otras áreas como la salud y la educación.
Jorge Benavides, experto de seguridad de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), entidad que aporta y procesa los datos de Guatemala para el informe, resalta que los dos sectores que más invierten en seguridad son el empresarial y el particular. Son también los menos atendidos por el Estado.

Lo que no se cuenta
Benavides explica que a los gastos particulares en seguridad se suman las consecuencias de la violencia que aún no se ha logrado contabilizar, como los relacionados con el abandono del trabajo o cambio de domicilio debido a extorsiones y el impacto que tiene para una familia que muera la cabeza del hogar debido a un hecho violento.
En cuanto a los gastos en seguridad en los que incurren las empresas, Benavides menciona los sistemas de alarmas y video-vigilancia, localización satelital para vehículos, seguros de daños y de vida.
Los empresarios también incurren en gastos para evitar el robo de dinero o mercadería por parte de sus empleados, como pruebas de polígrafo, investigadores privados y análisis de sus redes sociales. Entre sus mayores preocupaciones se encuentra la seguridad personal y familiar debido a posibles secuestros o extorsiones, gastos que son costeados por las compañías.
La violencia también repercute en el ausentismo laboral. Hay empleados que no pueden presentarse a trabajar debido a las extorsiones donde viven y que los obligan a cambiar de domicilio. Y también se traduce en la muerte de los trabajadores, ya sea porque la empresa no les brinda seguridad para prestar sus servicios, o porque son víctimas de hechos violentos. Ambas circunstancias generan rotación de personal y más gastos para los empresarios.
