Los Samayoa Soria lideran una red de constructoras cuya dimensión exacta se desconoce. Pueden ser doce o veinte. Pero hay dos hechos seguros. Uno: que incluso su mamá posee una constructora que factura al Estado. Dos: que en los últimos cuatro años acapararon la obra pública y recibieron y firmaron contratos por al menos Q3 millardos. Estos hermanos, que antes rellenaban baches, convirtieron sus empresas en uno de los grupos constructores más poderosos de Guatemala.
Por Sofía Menchú y Asier Andrés. (La investigación fue publicada en la edición 123, el 2 de octubre de 2015).
Hace unas dos décadas, el reparto de las principales obras públicas que realizaba el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) era más o menos así: los grandes contratos los adjudicaba la Dirección General de Caminos a un puñado de empresas bien establecidas, mientras que una multitud de pequeñas constructoras peleaban por los contratos del Fondo de Conservación Vial (Covial).
Los grandes eran pocos: Sigma Constructores, la Constructora Nacional (Conasa), Asfaltos de Guatemala (Asfalgua) y la sucursal israelí Solel Boneh. Sus propietarios, bien conocidos. Los pequeños eran muchos y anónimos.
Los grandes construían o reconstruían las principales vías pavimentadas; los pequeños, bacheaban o reparaban carreteras de terracería. Algunos de los grandes, como Sigma Constructores, 30 años atrás no eran tan grandes, pero ocuparon el vacío que dejaron las empresas extranjeras que erigieron la obra pública durante los años 60 y 70 y que abandonaron el país durante la época de la guerra. Los pequeños, en su mayor parte, trabajaron en algún momento para el CIV y se convirtieron en emprendedores a la fuerza a mediados de los 90, cuando la cartera despidió a una parte importante de sus ingenieros.
Algunos de los pequeños lo siguieron siendo, pero otros no tanto. Algunos lograron acaparar contratos en Covial. Algunos supieron asociarse con el poder político, relacionándose con diputados, y comenzaron a prosperar gracias a los proyectos del Fondo de Inversión Social o el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz). Cuando llegaron los Consejos de Desarrollo y la ejecución de obras a través de oenegés, algunos crearon sus propias organizaciones para adjudicarse contratos a sí mismos. Otros, incluso, llegaron a ser diputados.
Los hermanos Otto y Guillermo Samayoa Soria hicieron todo esto.
La lluvia y la fortuna
Entonces llegó la tormenta. Fue en los últimos días de mayo de 2010 y los meteorólogos la llamaron Agatha. Llegó junto con la erupción de un volcán, el Pacaya. Y antes de que el país pudiese recuperarse, en octubre de 2011, llegó la depresión tropical 12E.
Se encadenaron los estados de emergencia en 11 ocasiones y el CIV dispuso de un presupuesto nunca visto: más de Q8 millardos, ejecutados sin cumplir con la Ley de Compras. Los fondos fluyeron, sobre todo, hacia Covial y una nueva institución creada en 2009, el Fondo Social de Solidaridad.
Se adjudicaron unos 400 proyectos a dedo y algunas de esas constructoras que habían sido pequeñas, pero que ya no lo eran tanto, dejaron de serlo en absoluto. Firmaron contratos por valor de cientos de millones de quetzales en cuestión de meses.
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El exdiputado Guillermo Samayoa Soria, con el micrófono en la mano.
Mientras todo esto ocurría, en el Congreso de la República agotaba los últimos meses de su cargo un discreto diputado del Partido Patriota (PP) que no había sido electo antes y que no buscaría reelección. Los intereses de Guillermo Samayoa Soria estaban en otro lugar. Solamente dos de las empresas vinculadas a su hermano Otto, Coindra y Ortiz, firmaban contratos con el CIV por Q1 millardo.
Los “brothersitos”
Otto Guillermo Samayoa Bagodini trabajó, durante 35 años, como ingeniero en la Dirección General de Caminos. Tuvo dos hijos. A cada uno de ellos le dio uno de sus nombres y a ambos los preparó para que siguiesen sus pasos. Otto era el mayor y Guillermo, el menor.
Desde la adolescencia, los Samayoa Soria trabajaron durante sus vacaciones escolares como ayudantes en proyectos carreteros. Antes de terminar el bachillerato ya eran, como su padre, empleados de Caminos. Por la mañana trabajaban y por la tarde estudiaban. Terminaron la educación media y al final de la década de 1970 ingresaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos.
Eran los tiempos cuando empresas privadas construían las carreteras, pero los profesionales de Caminos las diseñaban y reparaban. Era lógico que el horizonte de muchos ingenieros civiles fuera trabajar para el Estado.
El futuro de los hermanos Samayoa Soria iba a ser así precisamente. Pero llegaron los años 90 y las políticas liberales. La Dirección de Caminos comenzó a despedir a sus ingenieros. A cambio, les invitó a crear pequeñas empresas y convertirse en contratistas de lo que inicialmente se llamó Programa de Mantenimiento por Contrato, un proyecto que después se convirtió en el inmenso Covial. Su trabajo sería el mismo, solo que el Estado ya no sería su empleador, sino su cliente.
En 1994, Otto ganó su primer proyecto como contratista privado por Q1 millón. Entonces, comenzó todo. Los Samayoa Soria crecieron y obtuvieron contratos no solo con Covial, sino con el Fondo Nacional para la Paz y el Fondo de Inversión Social. Construyeron escuelas e introdujeron agua y saneamiento en áreas rurales. Muchas de estas obras gestionadas a través de diputados distritales con quienes los hermanos, inevitablemente, comenzaron a relacionarse.
Los políticos aseguran que los vínculos de los hermanos empezaron con la bancada del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), durante el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004), y después se afianzaron con el diputado Jaime Martínez, durante el período de Óscar Berger (2004-2008).
Los Samayoa Soria se hicieron conocidos entre los legisladores como los brothersitos”. “Siempre que saludan le dicen a uno brother (hermano) y por eso les decimos así”, relató un exdiputado y exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones.
Para 2008, los Samayoa Soria ya jugaban en la primera división de la política nacional. Guillermo se convirtió en allegado del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien fue su pase de ingreso al Partido Patriota (PP) para ser electo diputado en la legislatura 2008-2012.
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La bancada Patriota 2008-2012. En primera fila, Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina, quienes eran subjefa y jefe del partido. A la derecha, Alejandro Sinibaldi. Detrás de Baldetti, de pie, Guillermo Samayoa.
Y ese fue justo el período cuando llegó la tormenta. El expresidente Álvaro Colom aseguró a ContraPoder que no conoció ni conoce a los “brothersitos”, que solamente ha oído hablar de ellos, pero lo cierto es que durante su administración adjudicó a dedo Q1 millardo a dos constructoras vinculadas a los Samayoa Soria durante los estados de emergencia.
Un período gubernamental después, Sinibaldi –el diputado que llevó a Guillermo al Congreso– se convirtió en el nuevo ministro de Comunicaciones. Sería el propio Sinibaldi, quien declinó ser entrevistado para esta nota, quien llevaría también a los Samayoa Soria a la cima.
El cénit
Han pasado más de cuatro años desde la tormenta y los cambios que se manifestaron entonces, son hoy el statu quo. El Fondo Social de Solidaridad se convirtió en una Dirección General de Caminos paralela. Repartió casi Q5 millardos en proyectos entre 2012 y julio de 2015. Muchos fueron adjudicados a los Samayoa Soria.
Gracias a los contratos del Fondo Social de Solidaridad, los “brothersitos” se convirtieron en el principal proveedor nacional del Ministerio de Comunicaciones. Solo la transnacional brasileña Norberto Odebrecht, contratista de Caminos, cobró más que ellos. Solo la guatemalteca Sigma puede hoy competir en importancia con el grupo.
Entre 2012 y julio 2015, el CIV le pagó al grupo de empresas de los hermanos Samayoa Soria, al menos Q1.4 millardos y les adjudicó otros Q1.6 millardos. En el mismo período, Sigma y su filial HW Contractors recibieron Q1.2 millardos, pero firmaron un proyecto de Q2 millardos que comenzará a ejecutarse pronto: la ampliación de la carretera Escuintla-Pedro Alvarado.
Junto con las constructoras que encabeza Jaime Aparicio, que obtuvieron Q738 millones en el mismo período y el grupo del petenero de José Rodolfo Guerra y sus hijos, los Samayoa Soria son hoy el principal exponente de una nueva generación de constructores que aspira a dominar el sistema.
Dos hermanos invisibles
Pretenden ser invisibles, pero son tan grandes que ya resulta imposible no verlos. Su principal característica: la discreción.
Hace mucho, cuando comenzaron como modestos contratistas de Covial bacheando carreteras, los Samayoa Soria comprendieron que para prosperar necesitaban operar en red. Como saben hoy todos los ingenieros que compiten por las adjudicaciones de Covial, la clave para dominar el sistema es contar con unas cuantas empresas y utilizarlas no solo para ganar muchos contratos –algo que no está permitido en el reglamento de Covial– sino para manipular el sistema de franjas mediante el cual se asignan esos proyectos y así desplazar a la competencia.
Los Samayoa Soria fueron precursores en estos métodos. Hacían participar a varias de sus empresas en el mismo concurso público –algo que se llama colusión y también está prohibido en la Ley de Compras. Así lograban aumentar los precios del proyecto, hacer que las ofertas más competitivas quedasen excluidas y aumentar sus márgenes de beneficio. Esta forma sigilosa –e ilegal aunque tolerada– de operar a la que estaban forzados en Covial, la aplican hasta la actualidad.
Contar con una red de constructoras se convirtió en una necesidad. Las hermanas de los Samayoa Soria, Ingrid Xiomara y Gilda Lucrecia, fundaron constructoras. Su mamá, Julia Amanda Soria, fundó una constructora. La esposa de Guillermo Samayoa, Ana Patricia Lemus Interiano, y el hijo de ambos, José Guillermo Samayoa Lemus, fundaron constructoras. Los cuñados, Daniel Santizo Saldaña y Luis Leonel Leal Pérez, fundaron constructoras. Los primos, de apellidos Samayoa Bailón y Dávila y los respectivos parientes de estas familias fundaron constructoras. Casi siempre en casas particulares o en pequeñas oficinas rentadas.
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La familia de Otto Samayoa.
Al frente de estas empresas colocaron a ingenieros amigos, muchos jóvenes profesionales a quienes ofrecieron sus primeros empleos, lo que les granjeó influencia en el gremio y el respeto de colegas que comenzaron a verlos como referente de empresarios hechos a sí mismos.
En la mayor parte de los contratos millonarios que ganaron los Samayoa Soria en los concursos del Fondo Social de Solidaridad, en los últimos cuatro años, más de una de sus empresas participó en el concurso, y en algunos casos, sobre todo en los proyectos de dragados, solo empresas del grupo presentaron ofertas.
En un concurso de 2013 para pavimentar cuatro tramos carreteros entre Huehuetenango y San Marcos, adjudicado en Q200 millones, participaron solamente Coindra, una constructora de Otto, y Mavisa, una empresa ligada a su hermano Guillermo. Esta situación, que debió ser motivo para cancelar la adjudicación, ha sido tolerada sistemáticamente por el CIV, evidencia del poder que han adquirido estos hermanos.
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Tramo dañado por la tormenta Agatha en la Costa Sur en 2010.
Los Samayoa Soria, de hecho, han tenido carta blanca para incurrir en todo tipo de irregularidades y conflictos de interés.
Cuando llegó el auge de la utilización de oenegés para ejecutar obras de infraestructura, los Samayoa crearon su propia organización. Unos de los hijos de Otto, Otto Arnaldo Samayoa Estrada, fue tesorero de la Asociación Probienestar Jade Maya, que en 2009 adjudicó Q54 millones en contratos a empresas vinculadas a su padre y a su tío. Nadie pareció darse cuenta.
Cuando, en los últimos años, los Samayoa Soria comenzaron a recibir contratos importantes lograron que el CIV asignara a “amigos” suyos, ingenieros a los que empleaban en sus constructoras, la supervisión del trabajo que realizaban los hermanos. Es el caso de José Enrique Rojas Monterroso, actualmente director de obras en una constructora de la red Samayoa llamada Mavisa, y simultáneamente supervisor nombrado por el ministerio para verificar los trabajos que realiza en una carretera de Totonicapán, otra empresa de los Samayoa.
Lograron también que el Registro de Precalificados del CIV otorgara a sus constructoras el derecho a ejecutar más de Q100 millones anuales, pese a estar en manos de testaferros y no contar con experiencia previa.
Para los Samayoa tampoco ha sido complicado que las autoridades del ministerio les autorizaran modificaciones al monto de sus contratos. Por ejemplo, la pavimentación del tramo San Antonio Ilotenango-Totonicapán fue adjudicada en 2010 en Q113 millones, pero por este proyecto se pagó Q183 millones, un 60 por ciento más.
Nada de esto hubiese sido posible sin la colaboración de las autoridades.
No retorno
La extensión exacta de la red que lideran estos hermanos, probablemente, solo puede ser descrita por ellos mismos. Sus empresas más conocidas son media docena: Coindra, Ortiz, Mavico, M&C, Gsed-Alfa, CISA, Proyectos e Inversiones Futuro. Nadie puede afirmar con exactitud qué empresas les pertenecen.
Desde los días de la tormenta, entre los principales contratistas del ministerio siempre aparecen empresas que hasta ese momento nadie
conocía; constructoras cuyos socios reales se ignoran; empresas que ya no son las grandes y que podrían pertenecer a los Samayoa Soria, a otros constructores como los Guerra, a Jaime Aparicio o a cualquier diputado.
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De izquierda a derecha tres ministros del gobierno de Álvaro Colom: Erick Coyoy, economía; Juan Alberto Fuentes Knight, Finanzas y Eduardo Castillo, Comunicaciones.
En los días de la tormenta, mientras el CIV repartía millardos de quetzales, la Cámara de la Construcción reiteradamente criticó al gobierno de Álvaro Colom, por la manera en la que utilizó los estados de emergencia para otorgar contratos a discreción.
El entonces presidente de la gremial, Jorge Montenegro, aseguró que todo fue un “proceso pervertido en el que pseudoempresas sin historial, ni maquinaria ni capacidades técnicas, obtuvieron montos totalmente fuera de sus capacidades de ejecución solo por su conexión política”.
La Cámara, en ese entonces, incluso propuso la creación de un consejo público-privado para que las grandes empresas agremiadas participaran en el proceso de precalificación que realiza el CIV y así excluir a las pequeñas de los contratos de nueve cifras. Nunca los mencionaron, pero esta medida, tenía una intención clara: frenar a los Samayoa Soria.
En los últimos cuatro años, sin embargo: el silencio. La Cámara ha asistido a la consolidación definitiva de estos dos hermanos como un gran grupo constructor sin levantar la voz. Los principales dirigentes gremiales, como Álvaro Mayorga de Conasa, o José Luis Agüero, de Asfalgua, con frecuencia mostraron su apoyo a la gestión de Alejandro Sinibaldi al frente del CIV.
Los grandes constructores parecen haber aceptado un pacto tácito: el millardo de quetzales que adjudica cada año el Fondo Social de Solidaridad es patrimonio de los que fueron pequeños y ya no lo son.
Entre los grandes constructores afiliados a la Cámara, los Samayoa son percibidos como una amenaza. Son el bando contrario. Probablemente por ello, no han ingresado en la gremial.
Probablemente tampoco lo necesitan, aunque una fuente de la Cámara sostuvo que en una ocasión trataron de afiliarse a ellos y se les denegó la entrada. Aunque no tengan la teórica “respetabilidad” que se obtiene al formar parte de esta gremial, ellos tienen la plata. Es por ello que se les teme. Pero simplemente ya no se puede hacer nada en su contra.
Un esquema de poder: ¿Qué muestra este cuadro?
Es un listado de los 20 grupos empresariales que recibieron más fondos públicos del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV) durante la gestión del Partido Patriota. Estos 20 grupos recibieron, entre enero de 2012 y julio de 2015, Q9.2 millardos de fondos públicos.
Los cuatro primeros de la clasificación lo ocupan la élite del sector, el club de los constructores que ganó más de un millardo de quetzales. De ellos, dos son empresas extranjeras y dos nacionales. Las transnacionales son una brasileña y una israelí, que ejecutan las dos principales obras: la Franja Transversal del Norte y la ampliación a cuatro carriles de la carretera entre Escuintla y la frontera mexicana.
Las dos empresas nacionales representan el pasado, el presente y el futuro. Sigma y HW Contractors representan a esa generación de constructoras que emergieron en los últimos años de los gobiernos militares y desde entonces han dominado la obra pública.
El grupo Sigma, en la práctica goza de un monopolio de las rutas de categoría centroamericana en oriente. Desde 1991 no gana ningún concurso público, pero construye sin cesar gracias a una interpretación sesgada de la legislación que todos los gobernantes han respetado.
El grupo de constructoras que encabezan los hermanos Guillermo y Otto Samayoa, está rodeado por el misterio dado que el número de empresas que controlan es desconocido. El cálculo
de adjudicaciones realizado por ContraPoder es conservador y solo se basa en las principales compañías del grupo y en otras directamente en manos de la familia. Pero aún en un escenario conservador, son los segundos en el listado. Por primera vez, superan a Sigma y se convierten en el grupo empresarial nacional más beneficiado durante la administración del PP.
La prosperidad de los Samayoa Soria, sin embargo, no puede atribuirse exclusivamente a su relación con el gobierno del PP. Su emergencia definitiva –al igual que la constructora de Jaime Aparicio, quinto en el listado– ocurrió durante los estados de excepción de 2010 y 2011.
Pero la relevancia de los Samayoa Soria no decaerá, tampoco, en el corto plazo. Durante los últimos cuatro años fueron beneficiados con nuevos contratos por valor de Q1.6 millardos, por lo que su negocio, durante los próximos cuatro años está asegurado. Al igual que el grupo de Jaime Aparicio o la familia Guerra de Petén, los Samayoa representan a una nueva generación de constructores.
Esta clasificación es también un esquema del poder en Guatemala en más de un sentido. Hay empresas extranjeras que logran grandes contratos porque traen la financiación externa necesaria: 6 de la 20 constructoras son filiales de otros países.
Hay grupos emergentes, como los Samayoa, los Guerra o el de Jaime Aparicio, que logran grandes contratos. Hay empresas más antiguas que luchan por su espacio, ante la llegada de las nuevas. Unas, como Sigma, con gran éxito; otras, como Conasa, con menos. Hay empresas tradicionales, ligadas a familias que son ricas desde hace generaciones –como Asfalgua o Padegua– con una capacidad cada vez menor de obtener contra-tos y limitan su influencia al área metropolitana.
Quizás parecen débiles en la batalla por la obra pública, pero sus negocios están asegurados. Son productores de asfalto para otras constructoras o subcontratistas de las extranjeras. Asfalgua, por ejemplo, ejecuta parte de las obras adjudicadas a Norberto Obedrecht.
Estos grupos pugnan entre sí y, en privado, describen su batalla en términos políticos. Los emergentes hablan de democratizar los grandes negocios. Los ya establecidos describen a los emergentes como corruptos y atribuyen su suerte a los vínculos políticos. Pero este no es un debate donde sobra la honradez o la igualdad. Se trata, más bien, de la lucha natural entre quienes ya están en un lugar y quienes desean ocuparlo.
Entrevista: “Dicen que fue por corrupción. No fue así, fue por trabajo”
Otto Samayoa Soria se presenta con un DVD de 26 minutos que resume su vida y explica el origen espiritual de su fortuna. Esta es la primera vez que concede una entrevista.
El constructor, un hombre de 54 años, atiende en las oficinas de su constructora principal: Coindra.
La sede, una casa particular en la zona 13, está en demolición, pero el área administrativa aún permanece.
La sala está adornada con un enorme rinoceronte plateado y hay un comedor con un atento mesero uniformado. “No hay que mezclar sus empresas con las de su hermano, porque cada quien debe responder por lo suyo,” advierte de entrada.
¿Con qué objetivo se crearon tantas empresas?
-Siempre he dicho que mi empresa es Coindra y no tengo más. Mi primera constructora era una empresa individual llamada Otto Vinicio Samayoa Soria/Casa Amo, llamada así por las iniciales de mi esposa y de mis primeros tres hijos. Me parece extraño que en las publicaciones todavía me ataquen y digan que tengo un entramado de empresas en Covial, pero desde 2002 ya no trabajo allí. Actualmente, trabajo en el Fondo Social de Solidaridad. Toda la vida han dicho que la empresa del ingeniero Guillermo Anzueto es mía y eso es falso.
¿Por qué se ha mantenido en el anonimato?
-Nunca estuve en el anonimato. Así lo quieren hacer ver y no es cierto. Mi primera empresa llevaba mi nombre, me comenzaron a atacar y
me asusté porque no estaba acostumbrado a eso. Yo era un técnico y hoy, por primera vez, aclaro que ese entramado de empresas no es mío. ¿Por qué hasta ahora? Porque los dos años anteriores estaba bajo investigación y recientemente, el 4 de septiembre, el Ministerio Público me absolvió. Por eso estoy aquí aclarando todas las dudas. Le hablo con la verdad y le doy las actas de los proyectos con que estamos trabajando y todos tienen el mismo factor: la deuda del Gobierno.
¿De qué lo acusaba el MP?
-A raíz de una publicación de elPeriódico, del 29 de noviembre de 2012, que indicaba que el Fondo Social de Solidaridad (FSS) adjudicó
a Coindra Q200 millones para la pavimentación de 35 kilómetros de una ruta entre San Marcos y Huehuetenango. También se dijo que en el concurso participaron tres empresas que supuestamente estaban vinculadas conmigo. La Fiscalía Contra la Corrupción me investigó desde entonces, pero me notificaron de que el caso quedó desestimado. Para eso, ellos pidieron informes de auditoría a la Contraloría General de Cuentas y documentación de respaldo al FSS. En el documento consta que Óscar Córdova, entonces coordinador ejecutivo del FSS, aseguró que la elección fue aleatoria. El proyecto quedó suspendido por falta de pago.
¿Qué puede contarme de su hermano Guillermo?
-Es fundador del Programa de Mantenimiento por Contrato. Empezó con un proyecto de limpieza, después ya no lo volví a ver. Era trabajador de Caminos, estuvo allí como 10 años. Estuvimos en diferentes puestos. Éramos de las famosas familias camineras. Estudió Ingeniería, pero creo que no terminó. Por el ofrecimiento del retiro voluntario nos ofrecieron anticipo y proyectitos. Él también fundó su empresa.
¿Cómo ha sido su relación con la Cámara de la Construcción?
-Al principio, mi relación con la Cámara de la Construcción fue buena. Cuando me empezaron a atacar en 2000-2001, con las primeras publicaciones, hasta se voltearon en mi contra.
Entonces, les di las gracias y me salí. No pertenezco a la cámara, pero no son enemigos.
¿A qué se refiere cuando dice que lo atacaron?
-Publicaban que yo tenía una red de empresas. Yo solo tengo a Coindra y no un entramado como lo quieren hacer creer. En los documentos que le di consta que a la fecha solo tengo tres proyectos con el Fondo Social de Solidaridad que están suspendidos por falta de pago (mientras que el avance físico es del 95 por ciento).
Por ejemplo, las empresas que menciona de Verónica Jacobo y su hijo no son mías. Yo no tengo nada que ver y me cargan lo de Anzueto, lo de Willy (Guillermo Samayoa), pero lo mío es totalmente aparte. Ellos que esclarezcan o que den entrevistas porque
yo no tengo nada que ver, dije. Empecé con empresas pequeñas a mi nombre involucrando hasta a mi familia. Luego hice la sociedad anónima, Coindra, para desligarme y proteger a mi familia y lo hice por los ataques y publicaciones.
Y, ¿cuál es su relación con las constructoras tradicionales, Sigma, Conasa, Asfalgua y Solel Boneh?
-Ellos veían en mí lo que yo no vi entonces: que iba a crecer e iba a ser su competencia. Yo no tuve ese alcance. Ahora sí entiendo a qué se referían cuando decían “a este cuate hay que bajárselo”.
¿Ha financiado gobiernos o partidos?
-No he financiado a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) ni al Partido Patriota. ¿Con qué dinero? No me han pagado. Me deben muchos proyectos que he ejecutado, la deuda es de aproximadamente Q600 millones.
¿Qué despertó la furia de Manuel Baldizón para que lo criticara a través de sus medios de comunicación?
-Libertad Democrática Renovada (Lider) comenzó a buscar financistas. No colaboré, se molestaron y me atacaron. No solo a mí, también a varias personas.
¿Cuáles son sus planes ahora que demolió las oficinas de Coindra? ¿Piensa trabajar para el Estado aunque le deba dinero?
-En mi nivel ya no me preocupa el Estado, pero sí que me paguen. Así como pude multiplicarme con el Estado, lo haré en el sector privado. Si me interesa participar en alguna licitación, lo haré en un proceso de adjudicación en el cual se compita limpiamente. Yo quiero ser libre y no ser acusado de algo que no soy, pues siempre dicen que lo que conseguí, fue por corrupción. No fue así, fue por trabajo.