Una historia polémica surgió cuando finalizaba Noviembre. La salida de dos miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para formar su propia oficina y consultora legal levantó una serie de preguntas desde la perspectiva legal hasta la ética. Este artículo fue publicado en la edición impresa que circuló a partir del 27 de noviembre.
La decisión de dos investigadores de la CICIG de renunciar a sus puestos para formar su propia firma de consultores, ha generado todo tipo de comentarios. Hay quienes cuestionan si existe un conflicto ético –utilizar sus conocimientos sobre cómo funciona el Ministerio Público para defender a sus clientes– o si se puede confiar en una pareja que recurre a un personaje cuestionado para encontrar a un financista.
![Antiguos fiscales, hoy Gamboa y Ulate se asocian con Coma (al centro) para formar Estrategica Legal.]()
Antiguos fiscales, hoy Gamboa y Ulate se asocian con Coma (al centro) para formar Estrategica Legal.
La creación de una firma de consultores que ofrece los servicios de dos abogados que laboraron para la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que cuenta con la participación de un ingeniero informático recién salido de la entidad y aparentemente de un fiscal del Ministerio Público (MP) que ya presentó su renuncia, ha generado suspicacia adentro y fuera de la institución.
Supone un debate ético que los costarricenses Christian Ulate y Cristian Gamboa utilicen su expertise para defender a personas en conflicto con la ley, o que recurran a Estuardo del Pinal para identificar a José María Coma, como el empresario dispuesto a financiar su proyecto.
Sin embargo, los fundadores de la firma Estratégica Legal aseguran que no buscan ni aceptarán defender causas en las que esté involucrada la CICIG. Lo suyo será asesorar bufetes para que puedan mejorar sus técnicas de defensa, preparar una querella, presentar análisis de pruebas y determinar si estas han sido adquiridas de forma legal. Además, actuar como representantes de empresas internacionales en casos de arbitrajes y evaluar riesgos de corporaciones, entre otros servicios.
Y para terminar con las especulaciones de que sumarán a otros cuadros de la comisión o del MP, aseguran que no habrá más contrataciones que las de Danilo Porres, quien trabajó bajo el mando de Gamboa y, aún no confirmado, José Antonio Morales, el jefe de la agencia 4 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala (FECI), a cargo de las acusaciones en contra de exfuncionarios vinculados al caso La Línea.
Pero esta declaración de principios, ¿es suficiente?
Los ticos
Los dos abogados costarricenses que renunciaron a CICIG tienen experiencia en el ámbito público. Ulate fue fiscal de narcotráfico y crimen organizado en su país y se unió a la CICIG hace ocho años. Durante este tiempo fungió como coordinador de Equipo de Investigación y tuvo a su cargo casos relevantes como el de las ejecuciones extrajudiciales en Pavón. O el del expresidente Alfonso Portillo por el desfalco millonario al Ministerio de la Defensa, y el del Bufete de la Impunidad que vincula a la jueza Marta Sierra y a varios abogados por otorgar medidas sustitutivas para los presuntos cabecillas de La Línea.
Gamboa, por su parte, tiene un historial como investigador criminal y analista de la Policía Judicial en su país y durante cinco años fue jefe del Departamento de Información y Análisis de la CICIG. A su cargo tuvo la dirección del equipo de trabajo que analizaba las comunicaciones telefónicas, bases de datos y estructuras criminales de diversos casos, a través de programas especializados de computación.
![Experto y exjefe de análisis de información de CICIG, Gamboa ahora ofrecerá sus servicios a diferentes bufetes.]()
Experto y exjefe de análisis de información de CICIG, Gamboa ahora ofrecerá sus servicios a diferentes bufetes.
A finales de septiembre pasado, cuando ya tenían claro qué querían hacer en el futuro, presentaron su renuncia ante el comisionado Iván Velásquez. Expresaron que querían emprender un proyecto que les permitiera permanecer en el país pues ambos están casados con guatemaltecas y sus hijas nacieron aquí.
El siguiente paso fue contactar a Del Pinal, a quien Ulate conoció en 2012 en la CICIG cuando este acudió con Federico Figueroa en busca de protección. Se sentía amenazado pues su hermano, Javier Figueroa, exsubdirector de Investigación Criminal la Policía Nacional Civil, quien era investigado por la ejecución extrajudicial de siete reos de Pavón en 2006.
A partir de entonces establecieron una relación parecida a la que, según Del Pinal, mantiene con otros funcionarios de la CICIG, a quienes acude como intermediario de terceras personas.
Pero algo queda claro, el proyecto no se habría puesto en marcha de no ser por la participación de Del Pinal, un nombre que se ha convertido en un lastre para la recién creada firma legal.
El intermediario eficaz
Del Pinal es recordado por formar parte del gobierno de Portillo, quien lo nombró como gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel). La Contraloría General de Cuentas lo responsabilizó de la compra anómala de Q120 millones en equipo que nunca apareció, aunque él asegura que la investigación no prosperó.
En 2012 la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a su exesposa, Corina Sáenz Lehnhoff, en la lista de personas con vínculos ilegales porque era socia de Marllory Chacón, la narcotraficante sentencida en una corte del sur de Florida en mayo de este año. Su actual esposa, Marisol Campollo, también ha estado inmersa en conflictos legales a causa de su exmarido, Allan Marroquín, exinterventor de Puerto Quetzal.
![Exfiscal costarricense, en CICIG estuvo a cargo de la persecución penal de jueces acusados de enriquecimiento ilícito o prevaricato.]()
Exfiscal costarricense, en CICIG estuvo a cargo de la persecución penal de jueces acusados de enriquecimiento ilícito o prevaricato.
Ulate se abstiene de comentar detalles de cómo surgió la amistad entre ambos, aunque reconoce que fue el vínculo para llegar a Coma. “Lo busqué para ver si conocía a alguien que estuviera interesado en escuchar el proyecto y que quisiera invertir en el mismo”. Y sus buenos oficios rindieron frutos de inmediato. Les presentó al empresario que hizo fortuna con la telefonía celular y que en menos de 24 horas aceptó formar parte de la sociedad.
José María Coma es recordado porque fungió como ejecutivo de Millicom International Cellular cuando la entidad, a través de su filial Comcel (ahora Tigo), financió la campaña electoral de Portillo en 1999 y por sus aspiraciones presidenciales en 2002. Coma y Del Pinal fueron compañeros en el Liceo Javier y ambos estuvieron involucrados en los negocios de telefonía. Cuando Coma estaba en Comcel, Del Pinal era el gerente de Guatel, empresa estatal a cargo de la telefonía rural.
Esa vinculación no es la única que ha generado comentarios negativos. Roberto López Villatoro, el abogado que ha tenido influencia y participación en la elección de magistrados, también se mencionó como accionista. Pero según Ulate, rechazaron su propuesta. Consultado, López Villatoro afirmó que escuchó de la iniciativa, mas no invirtió en ella.
La firma está enfocada en ofrecer sus servicios, pero la sociedad anónima solo tiene cabida para los tres socios que se repartieron las acciones en partes iguales: Coma, Ulate y Gamboa aclaran sus fundadores.
Los primeros pasos del súper bufete
Gamboa, Ulate y Coma Consultores, S.A., que se promocionan como Estratégica Legal, ya tienen ocho clientes. Una fuente vinculada a la oficina contó que el primero de ellos es Jorge Raúl García Granados, el polémico importador de pollo, quien requirió sus servicios a nivel centroamericano. Ulate no confirmó ni rechazó esta información. “No vamos a revelar el nombre de quienes nos contratan,” respondió.
A pesar de las críticas, el grupo considera que pueden convertirse en una firma sin precedentes en el país. Visualizan un proyecto que ponga a prueba el sistema de justicia, que obligue a los acusadores, jueces y defensores a preparar mejor sus casos.
Coma, quien asegura tener talento para estructurar proyectos y negocios exitosos, aceptó invertir US$100 mil de capital y a designar US$45 mil de ese monto en software para crear y analizar bases de datos. Destinó otro porcentaje para el arrendamiento y compra de equipo de las oficinas. Y fijó los salarios para Gamboa, Ulate y otros cinco empleados ya contratados. Solo en concepto de salarios se proyecta una inversión anual que ronda los US$360 mil. Los abogados recibirán la paga más alta, pero aclaran que es menor al que percibían en CICIG.
Los dos abogados costarricenses están seguros de su decisión. Insisten en que no hay conflicto ético y restan importancia a su relación con Del Pinal. Sus problemas los atribuyen a empleados de la CICIG que, según ellos, los difaman. A eso atribuyen la decisión del Banco Interamericano de Desarrollo de reconsiderar contratarlos para asesorar al Ministerio Público.
ContraPoder buscó la versión de CICIG, pero el organismo declinó comentar el tema. Gamboa y Ulate esperan aclarar con el comisionado Velásquez los comentarios que habría hecho “una excompañera de la Comisión”. La cita ya fue acordada.
JOSÉ MARÍA COMA: ¿De dónde viene su capital?
![Antiguo directivo de Comcel (ahora Tigo), el nombre de Coma saltó a la polémica cuando se descubrieron los cheques que dicha compañía giró a favor el expresidente Alfonso Portillo durante la campaña electoral en 1999.]()
Antiguo directivo de Comcel (ahora Tigo), el nombre de Coma saltó a la polémica cuando se descubrieron los cheques que dicha compañía giró a favor el expresidente Alfonso Portillo durante la campaña electoral en 1999.
José María Coma se presenta como una persona con el talento para estructurar negocios exitosos. Asegura que tiene capital suficiente para arriesgar porque durante su gestión en Millicom Guatemala y El Salvador ganó lo suficiente para enfocarse en nuevos negocios.
En 2003, compró una franquicia de talleres automotrices con cobertura en São Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro, Brasil. Además, tiene inversiones en una empresa que distribuye lubricantes de Chevron en Jamaica y República Dominicana.
“He invertido en otros países y ahora llegó el tiempo de hacerlo en Guatemala”, afirma. Aunque se graduó de ingeniero petrolero, su sueño siempre fue ser abogado.