Han sido diez días de vértigo. El sector privado guatemalteco ha visto, con notorio temor, lo ocurrido en Honduras a la familia Rosenthal. De pronto, un gran grupo empresarial se ve liquidado por su relación sospechosa con el narcotráfico.
Nota publicada en la edición número 126 el 22 de octubre de 2015.
FILE - In this Nov. 18, 2012 file photo, Yani Rosenthal walks with his wife Claudia, after voting in the Liberal Party primary election, in Tegucigalpa, Honduras. The U.S. Justice Department released a statement Wednesday, Oct. 7, 2015, saying that Jaime Rolando Rosenthal Oliva, his son Yani Benjamin Rosenthal and nephew Yankel Rosenthal, as well as seven businesses were labelled specially designated narcotics traffickers under the Kingpin Act. (AP Photo/Fernando Antonio, File)
Podría parecer exageración, pero hubo días en que la cúpula del empresariado guatemalteco no habló de otra cosa. Se oyó decir con agrura que Estados Unidos tiene a Centroamérica como su finca y que el decomiso de 19 empresas y cinco inmuebles propiedad de la familia Rosenthal en Honduras, se asemeja a la expropiación de fincas a ciudadanos alemanes que Washington promovió en la región durante la Segunda Guerra Mundial.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Justicia de Estados Unidos incluyó a tres miembros de los Rosenthal, uno de los clanes más influyentes y acaudalados de Honduras, y a siete de sus compañías en la lista de “traficantes de narcóticos especialmente designados”. Esto no solo provocó la captura de Yankel Rosenthal en Florida y la liquidación del Banco Continental de ese país. También envió un claro mensaje a los políticos y empresarios de Centroamérica: la Casa Blanca perseguirá a todos aquellos que se presten, o hayan prestado, a lavar dinero del narcorcotráfico.
La familia Rosenthal no era advenediza. Fundó el Grupo Continental en 1929 y, a partir de entonces, construyó un conglomerado de negocios financieros, agrícolas, turísticos, de bienes raíces y de prensa. Eso sin contar que eran dirigentes del Partido Liberal de Honduras (PLH). Jaime, el patriarca, fue vicepresidente del gobierno de José Azcona, legislador, candidato a la Presidencia y asesor del exmandatario José Manuel Zelaya. Su hijo Yani asesoró a la Municipalidad de San Pedro Sula, coordinó dos campañas políticas, dirigió el diario La Tribuna y se desempeñó como ministro de la la Presidencia de Zelaya. Y su sobrino, Yankel, fue titular de la cartera de Inversiones de febrero de 2014 a junio de este año y, hasta el día de su aprehensión, presidente del club de fútbol Marathón.
El golpe fue certero y causó temor más allá de las fronteras hondureñas. ¿Qué pasaría con las instituciones guatemaltecas que, por alguna razón, tuvieran vínculos financieros o comerciales con los Rosenthal? ¿O con aquellas en las que Marllory Chacón Rossell, la mujer que se entregó a las autoridades estadounidenses y guarda prisión en Miami, depositó el dinero de sus actividades ilícitas? ¿Podrían también ser incluidas en la lista negra de la OFAC?
ContraPoder habló con investigadores del Ministerio Público (MP), asesores financieros y empresarios de la banca, la industria y el comercio. La mayoría de ellos habló bajo la condición de anonimato. Los fiscales porque temen ser acusados de causar pánico financiero y el resto, para no contradecir públicamente el discurso de los representantes del sector privado ni entrar en conflicto con los diplomáticos estadounidenses.
Las voces de la alarma
Clients with accounts in the Banco Continental bank hold up signs saying "We want our money" as they protest outside of a bank branch in Tegucigalpa, Honduras, Monday, Oct. 12, 2015. The Honduran government announced it would force the immediate liquidation of the Banco Continental after the owners, the Rosenthal family, was accused by U.S. prosecutors of money laundering. One of Honduras' most powerful businessmen, Jaime Rosenthal, said Sunday that his family will honor all of its financial commitments, especially those of their Banco Continental. (AP Photo/Fernando Antonio)
Investigadores y expertos consideran que las leyes guatemaltecas tienen una debilidad: dejan en manos de los oficiales de cumplimiento de los bancos la responsabilidad de informar sobre las transacciones anómalas y, en el interior del país, en las de los jefes de agencia. “Eso da pie a discrecionalidad. Un ejemplo es el caso de Chico Dólar. (Francisco) Morales se puso de acuerdo con la jefa de una sucursal en Asunción Mita y lavó US$930 millones sin que nadie reportara nada”, apuntan.
Fuentes del MP advierten, además, que el caso de defraudación La Línea por el que guardan prisión Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti, Juan Carlos Monzón, Carlos Muñoz, Omar Franco y Claudia Méndez Asencio– evidencia que los bancos incumplen con trasladar a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) información financiera sobre las personas expuestas políticamente. Así se denomina a las personas que ocupan cargos públicos relevantes, como el presidente y el vicepresidente, los ministros y secretarios de Estado, los diputados, los magistrados y jueces, el superintendente y los intendentes de Administración Tributaria, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social o los secretarios de partidos políticos. “¿Por qué no reportaron antes los movimientos de las cuentas de los funcionarios implicados en los casos destapados por el MP y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)?”, se preguntan.
Los banqueros, coinciden investigadores y expertos financieros, saben que pecaron de omisión y por eso están asustados. “Si se determina que hubo anuencia, mediante escuchas telefónicas u otras pruebas, podrían ser vinculados a lavado de dinero. Eso no es fácil. La ley los protege y el delito de pánico financiero dificulta las diligencias”, agregan.
El curso que han tomado los casos de La Línea hace pensar que, tarde o temprano, las instituciones depositarias de fondos ilícitos serán investigadas. “Primero, el Ministerio Público y la CICIG denuncian a los miembros de las redes y luego, el juzgado extingue sus propiedades y embarga sus cuentas. Lo siguiente es revisar las transacciones. Y Estados Unidos sabe del vínculo que hay en Centroamérica entre corrupción, narcotráfico, política y empresariado”, afirman las fuentes.
La voz oficial
Marco Augusto García Noriega, presidente de la Cámara de Finanzas, afirma que la ley impide que en Guatemala ocurra lo mismo que en Honduras. “Nuestra normativa es más avanzada. Además de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y la de Bancos y Grupos Financieros, contamos con una Ley contra el Lavado de Dinero y resoluciones de Junta Monetaria”, explica.
Existe, además, otra diferencia. Ninguno de los bancos nacionales pertenece a una sola familia. Mientras unos tienen participación estatal y privada, otros tienen nacional y extranjera. “Si el infractor tiene menos del 50 por ciento de las acciones, no puede haber liquidación”, añade un experto.
En caso de que un juzgado llegara a determinar la existencia de depósitos de origen ilícito, explica García Noriega, estos serían extinguidos y transferidos al Estado. Lo mismo sucedería con las acciones de un directivo al que se le demostrara su vinculación con el crimen organizado. “La Superintendencia de Bancos (SIB) es muy exigente. Los directivos y gerentes tienen que presentar una declaración patrimonial jurada y comprobar su honorabilidad. Los jefes de cumplimiento se han especializado y reportan a la IVE cualquier transacción anómala”, añade.
La agenda estadounidense
Otto Perez Molina, presidente de Guatemala (izquierda) junto Todd Robinson, embajador de los Estados Unidos en Guatemala (derecha) durante la conferencia de prensa donde se anuncio el Departamento del Tesoro de Estados Unidos apoyará al país en el proceso de reestructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). La ayuda incluirá utilizar pruebas de confianza, con polígrafos, a los funcionarios de la institución, para conocer el grado de confiabilidad de los empleados. Salón los espejos de Casa Presidencial, ciudad de Guatemala 02 de junio 2015.
Caption here on, Sunday, June 7, 2015 in Guatemala City, (AP Photo/Luis Soto)
Las opiniones sobre la postura asumida por Washington en Guatemala y, más recientemente, en Honduras son distintas. Un exdirectivo del sector industrial califica de impredecible la agenda estadounidense. “Durante su visita, el vicepresidente Joe Biden presionó para que el país prorrogara el mandato de la CICIG y dejó claro su antipatía por Baldetti. Cuando se destapó el caso La Línea, el embajador Todd Robinson sostuvo a Pérez Molina en el cargo para garantizar la institucionalidad y la celebración de la primera vuelta electoral. Apareció a la par del expresidente en aquella conferencia de prensa en la que se anunció que someterían a pruebas de polígrafo a los empleados de la SAT. Pero después lo dejó a su suerte”, asevera.
El industrial aplaude el actuar del MP y la CICIG desde abril. “Si uno suma y resta, el resultado es positivo. Pero me preocupa que los acusados sean condenados públicamente antes de ser juzgados. Algo parecido sucedió con el banco hondureño. Lo liquidaron antes de que los Rosenthal sean escuchados”, apunta.
Otro miembro del sector privado opina, en cambio, que en el caso hondureño sí hubo debido proceso. Los países e instituciones que tienen relaciones financieras y comerciales con Estados Unidos tienen que aceptar las reglas de juego, argumenta, y una de ellas es la Ley Kingpin. “(Esta) dice que cualquier entidad que utilice el sistema financiero norteamericano para lavar dinero puede ser sujeto de liquidación a solicitud del Departamento de Justicia. Y más del 90 por ciento de las transacciones centroamericanas pasan por allí”, explica.
Hasta que Estados Unidos incluyó a los Rosenthal en su lista negra, los empresarios centroamericanos cayeron en cuenta de que Estados Unidos está dispuesto a medir a políticos y empresarios con la misma vara. “Mucha gente en el sector privado se siente segura porque se reúne o habla con Todd Robinson. Pero esa es una visión tercermundista. Un embajador no decide a quién se le aplica la Ley Kingpin y a quién no. Eso es cosa del Departamento de Justicia. Y pienso que lo mismo pasa con la CICIG, desde que llegó el comisionado Iván Velásquez”, afirma un analista.
De acuerdo con un investigador, las acciones emprendidas por Estados Unidos en Centroamérica tienen dos propósitos. El primero es frenar las migraciones que son resultado de un Estado corrupto e incapaz de garantizar a sus ciudadanos una vida digna. Y el segundo, es evitar que, el crimen organizado ponga en peligro su seguridad nacional. “Por eso la Alianza para la Prosperidad. Por eso el apoyo al fortalecimiento de la institucionalidad”, señala.
Sin embargo, hay empresarios que dudan de la rectitud de las medidas estadounidenses. Uno de ellos recuerda el caso del Hamilton Bank. “Encarcelaron a un directivo durante quince años con la intención de desaparecer a la banca latinoamericana asentada en Miami. Luego, lo dejaron libre”, dice un asesor financiero.
En suma, la captura de Yankel y la acusación contra otros dos miembros del clan Rosenthal sacudió al sector privado guatemalteco y lo hizo consciente de sus debilidades. “El sistema está listo para enfrentar insolvencias. Pero no puede seguir siendo permisivo con el dinero sucio. ”, puntualiza un fiscal del MP.