El próximo gobernante heredará un campo minado. Será juramentado y empezará su mandato con las arcas vacías. Administrará un Estado precario y ausente, incapaz de atender las necesidades básicas de la mayoría y de cumplir con las promesas de campaña. Y lo hará inmerso en una crisis institucional sin precedentes.
Nota publicada originalmente el 19 de octubre de 2015.
Otto Pérez Molina tenía mucho a su favor. Asumió la Presidencia cuando el mundo empezaba a salir de la crisis y las aguas macroeconómicas del país permanecían estables. Su partido había ganado 56 de los 158 escaños del Congreso. Contaba con el apoyo de empresarios y sindicalistas. La zozobra causada por la quiebra de cinco instituciones ya solo era un mal recuerdo. Las mineras estaban dispuestas a pagar regalías voluntarias. La diversificación del sector eléctrico estaba en marcha y el sector agrícola mejoraba su productividad.
Pero el mandatario no Presupuestado supo, o no quiso, aprovechar esas fortalezas. Y mientras hablaba de transparencia y de fortalecer la administración tributaria por incumplir las metas de recaudación, según la acusación de los fiscales, él junto a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, de liderar una red dedicada a defraudar al fisco en las aduanas.
La Línea y los demás casos de corrupción denunciados por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) trajeron al suelo la institucionalidad y dejaron a la deriva las finanzas del Estado. Ese es el legado de Pérez Molina a quien lo suceda en el cargo.
Sin dinero
Las escuchas telefónicas presentadas por el MP y la CICIG descubrieron la razón por la que, durante los cuatro años del mandato de Pérez Molina, incumplió sus metas. No fue por las impugnaciones en contra de la Ley Antievasión II y la de Actualización Tributaria, ni porque las importaciones exentas hubiesen crecido más que las no exentas. Tampoco por la caída de los precios del petróleo ni por la apreciación del quetzal frente al dólar. Lo que sucedía era que una estructura criminal –a la que supuestamente pertenecían los gobernantes y los exsuperintendentes Carlos Muñoz y Omar Franco– defraudaban al fisco.
La ruina de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es declarada. El candidato que resulte electo tendrá que abanderar su refundación y promover una nueva ley orgánica. “Eso puede tardar un año, si bien le va”, estima Hugo Maúl, del Centro de Estudios Económicos Nacionales (CIEN).
¿Qué hará el próximo gobernante? Lo más probable es que encuentre las arcas vacías. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) estima que este año los ingresos tributarios serán Q4 millardos más bajos que lo previsto. Sin embargo, la diferencia podría aumentar. ¿Quién garantiza que el Gobierno mantendrá la contención del gasto tras la salida de Dorval Carías y los tres viceministros de Finanzas Públicas? ¿Cuántos contribuyentes se abstienen de pagar ante la prometida amnistía fiscal hecha por el candidato que lidera la carrera presidencial?
Christians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac) Guatemala, considera que la renuncia de Carías podría entrampar las discusiones del proyecto presupuestario para 2016. “La poca credibilidad del presidente del Congreso, Luis Rabbé, exige que la propuesta sea técnica. De lo contrario, será torpedeado por las bancadas minoritarias y la
sociedad civil”, afirma.
Deuda y otras herencias
El próximo gobernante tendrá que destinar más recursos a pagar deudas. "La administración de Pérez Molina solo amortizó los intereses y adquirió más compromisos", explica Abelardo Molina, del Icefi.
De enero de 2012 a julio de 2015, el Ministerio de Finanzas colocó Q16.4 millardos en Bonos del
Tesoro. La deuda interna pasó entonces de Q44.9 millardos a Q61.3 millardos. Los compromisos externos se incrementaron en US$1,909 millones, al subir de US$5 mil 462.5 millones a US$7 mil 371.5 millones.
Pérez Molina era, al mes de julio, el segundo gobernante que más había endeudado al país. A cinco meses de finalizar su mandato, le faltaban alrededor de Q300 millones para empatar a Álvaro Colom. Pero
entre uno y otro hay dos diferencias. La primera es que este último enfrentó la crisis económica mundial y la consecuente caída en la recaudación. Y la segunda es que no logró reformar las leyes tributarias.
El ganador de las elecciones enfrentará, además, una mayor fiscalización. No solo por los casos de corrupción ventilados por la fiscalía. Sino también porque Pérez Molina convirtió las compras por excepción en la regla. “El 96 por ciento de las compras del Estado se realizan bajo esa modalidad”,
decía Álvaro Gónzalez Rícci, diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo) durante la mesa técnica en la que se discutían las reformas a la Ley de Contrataciones.
Mario García Lara, exvicepresidente del Banco de Guatemala y vicepresidenciable de Todos, considera que durante los prime- ros meses la escasez de recursos se puede resolver con la emisión de Letras de Tesorería, títulos que tendrían que ser amortizados antes del 31 de diciembre de 2016. “El principal obstáculo es que el Estado no cumple las funciones que la Constitución le ordena, está desnaturalizado. El problema presupuestario tiene soluciones relativamente fáciles. Lo importante es reformar las leyes Electoral y de Partidos Políticos, del Congreso, de Contrataciones y de Servicio Civil. Los sindicatos luchan por sus derechos, pero el Estado no está en capacidad de dar tantos beneficios”, explica.
Fuentes del sector privado aseguran que, como parte de su alianza, Pérez Molina se comprometió con el opositor Manuel Baldizón a subir la tasa del impuesto al valor agregado (IVA) al 15 por ciento. “La salida no es aumentar tasas de impuestos que ya tienen destino específico. Tampoco crear un impuesto extraordinario, porque la SAT no tiene capacidad de administrar una reforma. Habría que recortar los gastos”, apunta Maúl.
Pérez Molina deja un Estado más débil del que recibió. Más endeudado, más cuestionado y con menos capacidad para recaudar impuestos.