El surgimiento de un bufete que formaron dos antiguos integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en el que también participa un ingeniero informático recién salido de la institución y probablemente al fiscal del caso La Línea, no solo levanta un debate ético, sino agita los nervios en el gremio jurídico.
El debate no es el primero en su género. Que Christian Ulate y Cristian Gamboa, dos fiscales costarricenses que integraron la Cicig, hayan salido de dicho organismo apenas en octubre y que en un santiamén hayan conformado una oficina que ofrece asesoría legal, levanta el debate ético que persigue a fiscales cuando abandonan el bando de la lucha contra el crimen para saltar al otro lado de la barra: el bando de los defensores que persigue proteger a quienes resultan acusados.
El debate tiene sus aristas. La salida de estos exfiscales de Cicig está acompañada además del escándalo: Ulate y Gamboa buscaron como intermediarios y socios a personas que generan extrema suspicacia.
Primero, Estuardo del Pinal, la persona a quien Ulate acudió para que les apoyara en búsqueda de un socio capitalista. Del Pinal fue asociado a hechos de corrupción durante el gobierno de Alfonso Portillo, que lo nombró como gerente de la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) en el 2000. Del Pinal se identifica a sí mismo como un personaje polémico y en la nota que publica ContraPoder, esta semana, cuenta la versión de cómo conoció a los dos abogados ticos.
La llegada del súper bufete (adquiera aquí la versión digital)
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Segundo, y el primer punto tiene que ver con este, justamente al capitalista a quien recurrió el intermediario es un empresario que en esos años era gerente general de Comcel: José María Coma. Su firma aparece en cheques que la compañía giró a Julio Girón, César Medina Farfán y Luis del Pinal (hermano de Estuardo del Pinal) para la campaña del expresidente Alfonso Portillo.
Tercero, la asociación a Roberto López Villatoro, quien fue uno de los primeros en escuchar sobre el proyecto.
Su nombre figuró como potencial capitalista, pero este extremo es negado tanto por Ulate y Gamboa, así como por el mismo López Vilatoro.
LOS CLIENTES
La firma de consultores, que adopta el nombre de Estratégica Legal, no es el único punto de discusión. También sus clientes. Ulate y Gamboa aseguran que no tomarán casos que atañen a la CICIG. Hasta el más ingenuo sospecha que el mercado potencial de clientes está justamente en los acusados por la comisión. Pero ellos aseguran que su regla no negociable es obviar juicios en donde enfrentarían a sus antiguos colegas.
Entonces ¿quiénes serán sus clientes? Fuentes cercanas al proyecto de los dos abogados ticos, señalan que el empresario Jorge Raúl García Granados (el importador de pollo) los contrató para que lo representaran en un caso a nivel centroamericano.
García Granados es tío de Enrique Godoy, el arrendatario de las oficinas del nuevo bufete.
Se sabe que todos los que se involucraron o escucharon el proyecto de los dos ticos, si no tienen participación en la firma, por lo menos sí les están ayudando a recomendarlos con posibles clientes.