Por: María Antonieta de Bonilla
Los bancos centrales (BC) realizan operaciones de mercado abierto (OMA) con el propósito de regular la liquidez en la economía, de manera que esta sea congruente con las necesidades de los agentes económicos y la meta de inflación establecida, cumpliendo así con los objetivos de política monetaria. Las OMA consisten en subastas de compra y venta de títulos públicos y la mayoría de bancos centrales las realizan con bonos del tesoro; de esta manera, el costo de la política monetaria o, en otras palabras, de la estabilidad macroeconómica y financiera del país, es cubierto directamente y en forma transparente con recursos presupuestarios. Sin embargo, aquellos BC que no disponen de estos instrumentos para ejecutar su política monetaria, tienen que recurrir a la emisión y colocación de títulos propios y absorber los costos correspondientes. En estos casos, dado que los ingresos de un banco central son muy limitados pues se derivan fundamentalmente de la administración de las reservas monetarias internacionales, se genera el denominado déficit cuasifiscal.
En adición, durante la década de los 80´s la mayoría de BC de América Latina incurrió en pérdidas operacionales, originadas principalmente por los subsidios financieros y cambiarios otorgados al gobierno, convirtiendo en negativo sus patrimonios y generando una excesiva emisión primaria que era necesario recoger para evitar presiones inflacionarias. No obstante, recoger esta liquidez con títulos propios conllevó pérdidas adicionales para los BC colocándolos en una creciente posición deudora frente al mercado, reduciendo su capacidad de regular apropiadamente la liquidez y restándole efectividad a la política monetaria. En efecto, para evitar la generación de desequilibrios monetarios o cambiarios, el BC tiene que lograr una continua recolocación de títulos.
Lo anterior motivó a muchos países a aprobar legislación para capitalizar a los BC, particularmente porque el origen del problema era fiscal, y realizaron estas capitalizaciones con bonos del tesoro, con el propósito de que el BC acumulara una cartera que pudiera utilizar en la construcción de una posición acreedora de liquidez frente al sistema financiero que facilitara la ejecución de su política monetaria. Además, la existencia de un solo emisor primario en el mercado, contribuye a desarrollar el mercado de deuda y a la formación de una curva de rendimiento que recoja apropiadamente las señales de política monetaria.
La nueva ley orgánica del Banco de Guatemala aprobada en 2002, establece que sus deficiencias netas serán absorbidas por el Estado, para lo cual el monto incurrido será incluido en el proyecto de presupuesto, y el Ministerio de Finanzas deberá prever que dichas deficiencias se cubran con bonos del tesoro u otros instrumentos de que disponga. La referida ley, también prevé que el Estado reconozca el costo acumulado hasta 2001. Si bien a este último nunca se le ha dado cumplimiento, y sin pretender restarle importancia, al menos se había cumplido con el reconocimiento de las pérdidas anuales; sin embargo, hace aproximadamente 4 años el Congreso dispuso modificar el destino de la partida correspondiente asignándola a renglones de gasto ordinario. Lo anterior que ahora es una práctica recurrente, además de detener el proceso de saneamiento financiero del BC ha generado impactos adicionales en el déficit fiscal. Para darle sostenibilidad y efectividad a la política monetaria, y con ello al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, es de vital importancia que se de cumplimiento estricto a lo establecido en el marco legal vigente. Recordemos que el actual contexto global de inflación y tasas de interés bajas no durará indefinidamente.